Jorge Rodríguez apela a una frase atribuida a Hugo Chávez para justificar el histórico convenio petrolero con Washington mientras asegura que ya se firmaron 50 contratos confidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recurrió este martes durante la sesión extraordinaria del Parlamento a una anécdota atribuida al expresidente Hugo Chávez para legitimar la alianza energética suscrita con los Estados Unidos, asegurando ante el hemiciclo que el suministro de hidrocarburos hacia el mercado norteamericano responde a una práctica comercial histórica que no vulnera los principios de soberanía.
Por lo tanto, el máximo representante del Poder Legislativo defendió la pertinencia del Convenio Energético Binacional firmado entre la mandataria Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump, instrumento que cede la gobernanza sobre 65.000 millones de barriles de crudo nacional a lo largo de un lapso de 25 años.
Ante este escenario, la plenaria aprobó a mano alzada el acuerdo de respaldo político en medio de la abstención formal de un bloque de diputados que repudió avalar un documento clasificado.
Cita a Chávez, déficit presupuestario y defensa constitucional
En primer lugar, Rodríguez rememoró durante su discurso que, al ser consultado Chávez en su momento sobre cuál sería el destino del excedente generado tras una aceleración en los niveles de extracción, el mandatario fallecido contestó tajantemente que el crudo iría dirigido al comprador natural de Venezuela: los Estados Unidos de América.
En este sentido, el jefe del Parlamento argumentó que la reactivación integral de la industria demanda sumas multimillonarias y tecnologías de punta que el Estado no está en condiciones financieras de costear en solitario, desestimando las alertas de los sectores que exigían mantener las reservas intactas.
- Argumento político esgrimido: Declaración atribuida a Hugo Chávez para defender los despachos de crudo hacia territorio estadounidense.
- Magnitud del pacto binacional: Gobernanza y explotación de 65.000 millones de barriles en 17 campos durante 25 años continuos.
- Sustento jurídico alegado: Artículo 12 de la Constitución para reafirmar la titularidad del Estado sobre los yacimientos del subsuelo.
- Contratos formalizados: Firma de 50 Contratos de Participación Productiva (CPP) y anuncio de 15 negociaciones adicionales.
- Proyección económica del Ejecutivo: Estimación de un repunte productivo sin precedentes y liderazgo en el crecimiento regional.
- Votación parlamentaria: Respaldo a mano alzada con la abstención de diez diputados opositores por falta de divulgación del texto.
«Cuando a Chávez le preguntaron a quién iría el excedente de producción, respondió: «A quién más, al que se lo hemos vendido por toda la vida, a los Estados Unidos de América». Lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos para sacar adelante la economía del país», afirmó Jorge Rodríguez en la tribuna del hemiciclo.
Por su parte, los asesores jurídicos del Parlamento sostienen que las alianzas productivas encajan dentro del esquema legal vigente.
Explosión de contratos CPP, oferta internacional y voto salvado opositor
Demanda de consorcios extranjeros y blindaje del artículo 12
Por su parte, la directiva parlamentaria informó que, bajo el amparo de la reforma petrolera y el convenio con Washington para operar 17 bloques estratégicos, el despacho de hidrocarburos ya concretó la firma de 50 Contratos de Participación Productiva (CPP), al tiempo que alista la suscripción de otros 15 instrumentos ante el interés manifestado por firmas corporativas de Europa, Asia y Norteamérica.
De manera paralela, Rodríguez enfatizó que el artículo 12 de la Carta Magna blinda el dominio público de la República sobre las cuencas petrolíferas, garantizando que los yacimientos no han sido enajenados ni transferidos a perpetuidad.
Abstención por falta de acceso al texto final
Al respecto, la votación parlamentaria se definió a mano alzada pero registró la abstención de una decena de legisladores de bancadas minoritarias, quienes se negaron a convalidar el acuerdo político tras denunciar que las condiciones contractuales, las regalías y la letra chica siguen sin entregarse formalmente a los diputados.
Asimismo, los parlamentarios disidentes alertaron que el secretismo institucional atenta contra las atribuciones contraloras del Estado en una operación que compromete miles de millones de barriles de reservas probadas.
Con información de Alertas 24
