Washington defiende su asociación con Alejandro Betancourt en el pacto que le entrega una quinta parte del petróleo de Venezuela: “No estoy pidiendo la canonización de nadie”. La administración de los Estados Unidos desplegó este miércoles 2 de septiembre de 2026 una intensa ofensiva diplomática y mediática para respaldar el controvertido convenio bilateral que le otorgará el control de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela, argumentando que el esquema de privatización de los yacimientos resulta vital para consumar la reconstrucción económica y estabilizar las bases institucionales de una futura transición democrática en el país suramericano.
Por lo tanto, voceros de la Casa Blanca salieron al paso a la avalancha de cuestionamientos internacionales y defendieron de forma explícita su articulación con el millonario venezolano Alejandro Betancourt —figura investigada judicialmente en España y Suiza—, cuya firma North American Blue Energy Partners (NABEP) asumirá la extracción directa de crudo en las áreas asignadas.
Ante este escenario, mientras el presidente Donald Trump sostuvo reuniones con directores ejecutivos petroleros y despachó a Caracas a su secretario de Energía, Chris Wright, el Parlamento venezolano aprobó una carta de intenciones que ratifica la entrega de 17 campos estratégicos bajo la reserva de contratos confidenciales.
Defensa de Betancourt, viaje del secretario de Energía y discrepancias contractuales
En primer lugar, un alto funcionario del Ejecutivo estadounidense declaró bajo estricta reserva de anonimato que Betancourt ha sido útil a los intereses de seguridad de Washington en el pasado, desestimando las indagaciones europeas por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) al enfatizar que el empresario no encara cargos penales formales dentro del sistema de justicia norteamericano.
En este sentido, la fuente gubernamental calificó al inversionista como un operador probado con la capacidad técnica requerida para extraer volúmenes a gran escala y revertir dos décadas de colapso industrial, al tiempo que ratificó que el titular del Departamento de Energía, Chris Wright, arribará a la capital venezolana para formalizar la expansión de operaciones de la transnacional Chevron.
- Magnitud del convenio bilateral: Traspaso operativo de 17 campos petroleros que concentran cerca de 65.000 millones de barriles de crudo.
- Empresa adjudicataria central: North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad de Alejandro Betancourt.
- Discrepancia sobre los plazos: Propuesta de explotación estadounidense calculada en 100 años frente a la postura de Caracas de un marco de 25 años prorrogables.
- Misión diplomática en marcha: Visita oficial del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, a Caracas para sellar acuerdos con Chevron.
- Justificación estratégica de la Casa Blanca: Desplazamiento de la influencia geopolítica de corporaciones estatales de Rusia y China en el territorio.
- Condicionamiento electoral expresado: Postergación de comicios democráticos bajo el argumento de requerir una economía previamente estabilizada antes de transferir el mando.
«No estoy pidiendo la canonización de nadie. Solo digo que esta es una persona que en el pasado ha sido útil al gobierno de Estados Unidos; no enfrenta ningún cargo aquí por haber violado ninguna de nuestras leyes. La geopolítica, con frecuencia, no va de elegir entre lo ideal y lo imperfecto, sino de decidir cuál es el mejor resultado con lo que hay», justificó el alto cargo de Washington respecto a los nexos con Alejandro Betancourt.
Por su parte, analistas y sectores críticos advierten que este entendimiento económico crea incentivos directos para que Washington sostenga indefinidamente a la mandataria Delcy Rodríguez en el poder, ralentizando el cronograma hacia elecciones libres.
Sesión extraordinaria en el Parlamento, figura de los CPP y reparos opositores
Aprobación de la carta de intenciones y debate sobre la letra pequeña
Por su parte, el Parlamento nacional sesionó de urgencia este martes para sancionar por mayoría la carta de intenciones concertada entre ambas administraciones, sellando el respaldo del cuerpo legislativo a la alianza estratégica entre antiguos adversarios ideológicos tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
De manera paralela, la fracción minoritaria de la oposición se abstuvo de votar la moción de respaldo unánime, demandando el acceso público e irrestricto a los textos íntegros del acuerdo antes de conferir un aval legal a ciegas.
Marco de la Ley de Hidrocarburos y advertencias de Jorge Rodríguez
Al respecto, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la legalidad del convenio amparándose en la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada meses atrás, instrumento que instituyó los Contratos de Participación Productiva (CPP) con cláusulas de arbitraje internacional para habilitar la entrada de capitales privados sin temor a expropiaciones.
Asimismo, Rodríguez aseguró que a los 17 bloques pactados con Washington se sumarán otros 15 proyectos licitados a consorcios internacionales, advirtiendo con penas de cárcel y castigos severos a cualquiera que pretenda incurrir en desvíos de fondos públicos durante el nuevo ciclo de explotación masiva.
Con información de El País
