Ambientalistas y excombatientes de Malvinas demandan ante la justicia argentina a petroleras de Israel y Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion por grave riesgo ecológico y violación a la soberanía marítima. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (Cecim) interpusieron este martes 1 de septiembre de 2026 una demanda colectiva ante la justicia federal para frenar el proyecto petrolero de la firma israelí Navitas y la británica Rockhopper en aguas circundantes al archipiélago.
Por lo tanto, los demandantes radicaron la acción preventiva en los tribunales federales de la provincia de Tierra del Fuego, denunciando la ejecución unilateral de obras extractivas de crudo dentro de la plataforma continental reclamada históricamente por la nación suramericana.
Ante este escenario, la iniciativa legal busca evitar daños irreparables sobre ecosistemas marinos de alta biodiversidad y frenar vulneraciones al derecho soberano antes del inicio formal de las perforaciones.
Litigio en Tierra del Fuego, proyecto Sea Lion y marco legal
En primer lugar, el recurso judicial se enfoca contra el proyecto de extracción en altamar denominado Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte a unos 220 kilómetros de las costas del archipiélago, el cual contempla comenzar la extracción masiva de hidrocarburos a partir del año 2028 bajo autorización de la administración isleña.
En este sentido, la parte acusadora alegó ante el juzgado que las compañías operan sin los estudios de impacto ambiental obligatorios y sin los permisos que exige la legislación argentina.
- Entidades demandantes: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (Cecim).
- Empresas demandadas: Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido).
- Denominación del proyecto: Desarrollo petrolero offshore Sea Lion.
- Fecha de extracción proyectada: Año 2028 en la cuenca Malvinas norte.
- Sede judicial de la demanda: Juzgado federal de la provincia de Tierra del Fuego.
- Sustento diplomático internacional: Resolución 31/49 de 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
«Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble: afecta los ecosistemas y afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio», argumentaron la AAdeAA y el Cecim en el escrito procesal.
Por consiguiente, el presidente de la AAdeAA, Enrique Viale, confirmó que se trata de una acción colectiva que busca impedir la consolidación de un hecho consumado sobre recursos naturales estratégicos.
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Amenazas a ecosistemas frágiles del Atlántico sur
Por su parte, los ambientalistas advirtieron que las maniobras operativas del proyecto generarán ruido submarino, alteración del lecho marino y riesgos permanentes de derrames de crudo que podrían expandirse por las corrientes oceánicas hacia el Mar Argentino y la península Antártica.
De manera paralela, la demanda resalta que estas aguas albergan especies de alto valor ecológico y protegidas internacionalmente, tales como la ballena franca austral y los pingüinos de Magallanes.
Notificación a bolsas internacionales y rastreo de fondos
Al respecto, la presentación judicial solicita formalmente la suspensión inmediata de todas las obras y la prohibición de nuevos contratos o giros de capital destinados a la explotación hidrocarburífera.
Asimismo, los demandantes pidieron notificar sobre la existencia del proceso judicial a los entes reguladores de la Bolsa de Londres y la Bolsa de Tel Aviv, exigiendo la identificación de bancos, fondos de inversión y aseguradoras para promover futuros embargos financieros sobre los financistas del proyecto.
Con información de EFE
