Evo Morales desafía al Gobierno de Bolivia tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por el cerco vial de siete semanas y niega haberse escondido. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reaccionó este miércoles ante la nueva orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta implicación en los bloqueos de carreteras y protestas registrados entre mayo y junio para exigir la dimisión del mandatario Rodrigo Paz, asegurando que las autoridades no lograrán amedrentarlo.
La medida judicial busca responsabilizarlo por el extenso conflicto social que paralizó varios puntos estratégicos del país suramericano. Por lo tanto, el escenario institucional se tensiona tras el endurecimiento de los procesos en los tribunales.
Acusaciones del exmandatario, delitos imputados y origen de la demanda
Al respecto, Morales (2006-2019) utilizó su cuenta en la red social X para denunciar que la decisión fiscal por supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado busca desviar la atención sobre la crisis económica y social que atraviesa la nación. Por consiguiente, la investigación formally abierta imputa también cargos por atentados contra la seguridad de los transportes, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a los servicios públicos. Sin embargo, la causa penal fue promovida inicialmente a principios de julio por cívicos de la región de Santa Cruz, sumándose posteriormente el Ministerio de Gobierno.
«Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto», aseveró Evo Morales en sus plataformas digitales.
Efectivamente, el caso abarca también a dos dirigentes sindicales e investiga las repercusiones de los cierres viales que se mantuvieron durante siete semanas por parte de sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), respaldados por grupos afines al exjefe de Estado. Por este motivo, el Gobierno responsabiliza a las movilizaciones por desabastecer insumos médicos, combustible y alimentos, dejando un saldo de 16 fallecidos —13 por falta de asistencia oportuna— y pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares. Por otro lado, aunque Morales negó haber instigado la renuncia de Paz, publicaciones previas suyas condicionaban el conflicto a convocar elecciones o militarizar el territorio.
Intervención militar, atrincheramiento y procesos acumulados
Estado de excepción y despeje de carreteras
Por lo tanto, la resolución del conflicto sobre el terreno se concretó luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara el pasado 20 de junio el estado de excepción, permitiendo la movilización conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas para retirar los obstáculos viales. Por esa razón, el tráfico interdepartamental pudo reanudarse tras pactar acuerdos con la directiva de la COB.
Situación legal previa en el Trópico de Cochabamba
Por otra parte, Morales permanece resguardado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal feudo político y sindical, donde cientos de sus seguidores impiden que los cuerpos de seguridad ejecuten mandamientos de arresto previos. Ciertamente, sobre el exmandatario pesa otra causa por presunta trata agravada de personas referida a una supuesta relación con una menor de edad en 2016, expediente en el cual un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía en mayo pasado por no acudir al juicio.
El dictamen de esta nueva orden de captura eleva la incertidumbre sobre la respuesta que asumirán las bases sociales del expresidente en la región central del país. Por lo tanto, el monitoreo sobre las acciones del Ministerio de Gobierno resultará clave para anticipar posibles focos de fricción.
Con información de EFE
