Valencia, 15 de junio de 2026-. Gobierno español podría frenar pruebas del caso contra Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, solicitó validar pruebas clave en Estados Unidos.
La petición busca confirmar la legalidad de mensajes obtenidos en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes.
Estos datos podrían vincular al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra. La operación implicó 53 millones de euros de fondos públicos.
Gobierno español podría frenar pruebas del caso contra Zapatero
La gestión se tramita mediante la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional.
Este canal permite coordinar con autoridades estadounidenses la validez del material obtenido. La clave está en si Estados Unidos autoriza el uso de los mensajes como prueba judicial.
Sin ese consentimiento, la información podría perder valor en un eventual juicio. Las grabaciones fueron obtenidas durante un tránsito en el aeropuerto de Miami en 2021.
La colaboración incluyó a Interpol y autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la defensa de Zapatero cuestiona la cadena de custodia.
También plantea dudas sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Dudas legales y defensa
El equipo legal del expresidente ya solicitó aclarar el origen de las pruebas. Además, pidió verificar el método utilizado para su obtención.
Esto busca evitar que los mensajes sean usados plenamente en juicio. Fuentes judiciales señalan que el caso tiene una evidente carga política.
“Es muy poco habitual que esto ocurra”, indicaron fuentes cercanas al proceso. Uno de los mensajes atribuidos a Reyes menciona a su “pana Zapatero”.
Este contenido forma parte de los indicios analizados por la Audiencia Nacional.
Impacto en el caso Plus Ultra
Las pruebas Zapatero bajo revisión judicial son clave en la investigación.
El rescate de Plus Ultra se encuentra en el centro del proceso.
La validación internacional podría definir el rumbo del caso.
Entre los datos destacan los 22 días de retraso en la entrega de grabaciones.
También se registró una orden de detención internacional el 17 de marzo. El material permaneció cinco años bajo custodia de autoridades estadounidenses.
Ahora, la Audiencia deberá decidir si continúa el proceso con estas pruebas.
