La herida abierta de Honduras: más de 400.000 desplazados por la violencia y el caos climático. Acnur advierte de que el 4,5% de la población hondureña vive en el destierro interno. Mujeres y jóvenes son las principales víctimas de un fenómeno que el Estado no logra frenar pese a tener la ley en la mano.
Honduras se enfrenta a una crisis humanitaria silenciosa que ya afecta a 423.845 personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha lanzado este miércoles un grito de auxilio desde Tegucigalpa: el país no puede gestionar en solitario el drama del desplazamiento forzado, una tragedia alimentada por la tenaza de la violencia criminal y la frecuencia de desastres naturales extremos.
En una entrevista concedida a la Agencia EFE, la representante de Acnur en Honduras, Kathryn Lo, fue tajante al señalar que el reconocimiento oficial de las cifras es solo el primer paso. «Detrás de estos números hay historias distintas: hay niños que abandonan la escuela y padres que toman la decisión, muy difícil, de salir de su hogar para buscar seguridad», recordó Lo, poniendo rostro humano a una estadística que ya representa casi el 5% de la población total del país.
La herida abierta de Honduras: más de 400.000 desplazados por la violencia y el caos climático
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares revelan una realidad estructuralmente desigual. El desplazamiento forzado castiga con especial dureza a las mujeres (55% de los casos) y a la juventud (38%), un sector de la población entre los 15 y 34 años que ve truncado su proyecto de vida.
En el caso de las mujeres, el desplazamiento suele ir de la mano de la violencia de género, mientras que la infancia se enfrenta al riesgo constante del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Acnur insiste en que la respuesta estatal debe ser diferenciada, garantizando servicios seguros y escuelas protegidas, especialmente en las zonas rurales donde el Estado apenas tiene presencia.
La «doble vulnerabilidad»: huyendo de las balas hacia el lodo
Uno de los puntos más alarmantes del informe de Acnur es la existencia de un grupo de 163.000 personas atrapadas en una «doble vulnerabilidad». Se trata de familias que huyen de la criminalidad organizada para terminar instalándose en zonas de alto riesgo de inundaciones o deslizamientos, o viceversa: víctimas de emergencias climáticas que acaban refugiadas en barrios controlados por la inseguridad.
Una ley que se queda en el papel
Aunque Honduras aprobó en 2022 una ley pionera de protección al desplazado interno, Kathryn Lo advierte de que el reto actual es su ejecución real. La normativa sigue pendiente de la aprobación de su reglamento y de la activación de un fondo de asistencia humanitaria que permita pasar de la teoría a la acción.
«Muchas instituciones están trabajando, pero hay mucho más que pueden hacer, como avanzar con la política nacional de prevención», precisó la representante de la ONU. La llamada de Acnur es clara: sin el respaldo de la cooperación internacional y una activación política decidida, Honduras seguirá siendo un país donde el hogar, para miles de personas, es un lugar del que hay que huir para sobrevivir.
Con información de EFE.
