Palmicultores de Venezuela exigen el cumplimiento de pagos, aumentar la producción local y fijar nuevo acuerdos con el Ejecutivo ante posible paralización nacional. La palmicultura en Venezuela atraviesa una de sus crisis más severas. Productores concentrados en El Guayabo, municipio Catatumbo, en representación de más de 15 asociaciones base del país y liderados por la Federación de Palmicultores de Venezuela (Fepalven), alzaron su voz para denunciar el quiebre de compromisos comerciales y el desinterés gubernamental. La falta de pago oportuno por el arrimo del fruto —coloquialmente conocido como «corozo»— y la competencia desleal de las importaciones mantienen en vilo a miles de familias trabajadoras.
Incumplimiento de acuerdos y retrasos críticos
El descontento radica en la violación de un acuerdo de 2023 donde el Ministerio de Agricultura, Sunagro, las extractoras y la industria pactaron que el productor recibiría el 17% del valor del aceite rojo de palma.
«En 2023 logramos establecer algunas normas… todos quedamos de acuerdo que el valor que iba a recibir el productor era el 17%. Eso nos trajo una alianza estratégica durante más de un año», recordó Luis Urbina, presidente de Fepalven. No obstante, desde finales de 2024 y durante lo que va de 2026, la industria ha desconocido el pacto. «Llevamos más de 8 meses reclamando eso… Un productor no puede pasar más de 8 días de entregar su cosecha y que la planta extractora no le cancele», reclamó Urbina.
Actualmente, los retrasos en los pagos alcanzan las tres semanas. A diferencia del aceite procesado, la fruta fresca es altamente perecedera y debe procesarse de inmediato. «Ellos podrán conservar el aceite, pero ¿quién nos conserva a nosotros un producto que es perecedero? Necesitamos defender el cultivo», declaró Mercedes Arámbulo, directiva de Fepalven.
Capacidad nacional vs. importación desmedida
Venezuela posee 120,000 hectáreas de palma en producción y proyecta cubrir más del 40% de la demanda nacional en 2026. Sin embargo, el mercado está inundado de grasas importadas. Los productores insisten en que el país puede alcanzar el 100% del abastecimiento soberano, pero la libre importación desplaza al rubro nacional y genera una fuga de divisas que debilita el PIB.
Esta actividad es el principal sostén del tejido social en municipios como Jesús María Semprún y Catatumbo, donde más de 700 familias dependen directamente de ella. «Nos están matando con el precio, nos están matando con los pagos… nosotros estamos financiando la industria por los atrasos», sentenció Carlos Chacín, representante de Asopalpro.
Un llamado urgente al Ejecutivo
Las bases productoras exigen a la presidenta (E) Delcy Rodríguez reactivar de inmediato las mesas de evaluación mensual, congeladas desde hace más de un año. «Óiganos, presidenta Delcy, auxílienos porque estamos perdidos en este mundo que no sabemos para dónde coger», enfatizó Nubia Gómez, productora local. El objetivo es claro: proteger la mano de obra venezolana y evitar que el rubro desaparezca por la falta de coherencia en las políticas agrícolas.
