Al menos 648 muertos en protestas en Irán, según ONG. Al menos 648 manifestantes han perdido la vida en Irán a causa de la represión de las fuerzas de seguridad contra el movimiento de protesta que recorre el país.
La cifra corresponde a víctimas verificadas por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y podría ser mucho mayor.
El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”.
La ONG advirtió que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000, aunque el bloqueo de Internet durante casi cuatro días dificulta la verificación independiente de la información.
Al menos 648 muertos en protestas en Irán, según ONG
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre tras el desplome del rial iraní a 1,42 millones por dólar estadounidense, un mínimo histórico que aceleró la inflación.
El alza en los precios de alimentos y gasolina generó estallidos sociales en mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias.
Según Human Rights Activists News Agency (HRANA), desde los primeros días las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte.
El 29 de diciembre renunció el presidente del Banco Central, Mohammad Reza Farzin, mientras la policía dispersaba a manifestantes con gases lacrimógenos.
El 30 de diciembre, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos del país.
La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, con incendios y disparos documentados en videos difundidos en redes sociales.
Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, y la muerte de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.
La IHR insistió en que la comunidad internacional debe actuar para proteger a los ciudadanos y garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
