Valencia, 29 de diciembre de 2025-. Aseguraron que la Defensoría del Pueblo perdió su acreditación internacional. La Defensoría del Pueblo de Venezuela perdió su acreditación internacional por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri). La decisión se debe a que la institución “comprometió gravemente su independencia” y no cumple plenamente los Principios de París, que rigen la actuación de organismos nacionales de derechos humanos.
Desde 2017, la Defensoría está bajo la dirección de Alfredo Ruiz, quien fue reelegido en octubre de 2024, pese a que la Ley Orgánica del organismo no contempla su reelección. Esto generó cuestionamientos sobre la legitimidad de su liderazgo y la independencia funcional de la institución.
Aseguraron que la Defensoría del Pueblo perdió su acreditación internacional
Los Principios de París establecen que las instituciones de derechos humanos deben contar con mandato amplio, independencia, pluralismo y métodos adecuados, incluyendo investigación y presentación de informes. La Ganhri indicó que la Defensoría venezolana no demostró operar de manera independiente ni supervisar todas las presuntas violaciones graves de derechos humanos.
El informe de octubre de 2025 cuestionó los datos entregados por la institución sobre los sucesos tras las elecciones presidenciales de 2024. Además, la Defensoría no atendió entrevistas solicitadas para aclarar los señalamientos, perdiendo la oportunidad de defender sus informes.
Aunque la Defensoría presentó medidas como la protección de migrantes y víctimas de trata, capacitación en diversidad sexual y atención a personas LGBTIQ+, la Ganhri concluyó que estas acciones no son suficientes. La institución tampoco procesa denuncias de manera sistemática ni investiga violaciones graves por iniciativa propia.
Represión poselectoral y limitaciones
El informe documenta que la Defensoría supervisó 1.323 denuncias tras protestas poselectorales, incluyendo 28 muertes, 130 heridos y 1.139 detenidos. Sin embargo, calificó el 97% de las denuncias de desapariciones forzadas como “infundadas”, en contraste con investigaciones internacionales.
Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, señala que la pérdida de acreditación afectará la participación de Venezuela en debates de derechos humanos internacionales y en la Ganhri a partir de octubre de 2026.
La decisión evidencia que en Venezuela no existe una institución independiente capaz de garantizar derechos humanos desde el Estado. Solo la entrega de evidencia suficiente podría permitir que la Defensoría recupere la categoría B, aunque las posibilidades son consideradas bajas.
