Valencia, 3 de diciembre de 2025-.Familiares de pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presentan denuncia contra ante la CIDH. La denuncia ante la CIDH fue presentada por la familia de Alejandro Carranza, el pescador identificado por el presidente Gustavo Petro como una de las víctimas civiles de los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe.
El documento, respaldado por el abogado de derechos humanos Daniel Kovalik, expone que Carranza murió el 15 de septiembre de 2025. Su embarcación fue atacada cuando navegaba frente a las costas de Colombia, según la petición entregada al organismo.
Carranza había salido a faenar y no regresó a su hogar. El caso se convirtió en un símbolo de la polémica campaña militar ordenada por Donald Trump, en la que han muerto más de 80 personas.
La familia responsabiliza al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por ordenar los bombardeos contra embarcaciones sospechosas sin confirmación previa de actividades ilícitas.
Familiares de pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presentan denuncia contra ante la CIDH
La denuncia señala que Hegseth instruyó a las fuerzas militares a “matar a todos” los tripulantes, incluso sin pruebas de vínculos con el narcotráfico. El documento agrega que Trump ratificó estas directrices durante su administración.
La esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal, firmó la petición en la que acusa a Estados Unidos de violar derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
El caso cuenta con un testigo: un líder de pescadores de Santa Marta que ha pedido mantener su identidad en reserva por temor a amenazas.
Para Petro, el ataque ocurrió en aguas nacionales y la víctima no tenía relación alguna con redes ilícitas. En contraste, Trump afirmó que los fallecidos eran “narcoterroristas venezolanos”, versión que no ha sido comprobada.
Reacciones de organismos internacionales
La denuncia ante la CIDH se suma a las críticas globales contra la operación militar Lanza del Sur, la cual comenzó en el Caribe y luego avanzó al océano Pacífico.
La ONU y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han descrito estos bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”. El alto comisionado Volker Türk subrayó que estas acciones violan el derecho internacional.
Hasta ahora, solo dos sobrevivientes han sido identificados. Ambos fueron liberados al no encontrarse pruebas en su contra tras un ataque a un presunto narcosubmarino.
La CIDH evaluará si Estados Unidos incurrió en violaciones de derechos humanos. De confirmarse, podría emitir recomendaciones, exigir reparaciones o elevar el caso a la Corte Interamericana.
