Valencia, 20 de noviembre de 2025-. Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Trump «esclarecer» ataques a lanchas en el Caribe. Nastassja Rojas, directora adjunta de AI para Venezuela, pidió claridad al gobierno de Donald Trump sobre más de 80 muertos.
“La falta de transparencia limita la capacidad de verificar el respeto de normas internacionales”, explicó Rojas en Bogotá.
La activista recordó que los derechos humanos no se desactivan en alta mar ni por operaciones contra el narcotráfico.
AI ha documentado que la migración venezolana irregular se expone a riesgos graves durante los operativos militares.
Rojas indicó que medio millón de personas han transitado por vías marítimas no reguladas desde julio de 2024.
“Estos desplazamientos los colocan en riesgo de interceptación en medio de operativos sin mecanismos de verificación”, agregó.
Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Trump «esclarecer» ataques a lanchas en el Caribe
La ofensiva estadounidense, denominada ‘Lanza del Sur’, involucra buques en el Caribe y aguas del Pacífico, incluyendo Colombia.
El despliegue comenzó en agosto y busca atacar carteles latinoamericanos declarados terroristas por Estados Unidos.
Venezuela y Colombia denunciaron que los ataques a lanchas representan asesinatos y posibles ejecuciones extrajudiciales.
Un ejemplo fue el caso de Jeison Obando, repatriado con trauma cerebral tras un operativo estadounidense.
El incremento de fuerzas incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, elevando la tensión regional.
Rojas enfatizó que todos los Estados deben garantizar la legalidad de sus operaciones militares y proteger a civiles y migrantes.
Riesgos para pescadores y comunidades
Amnistía Internacional alerta que las operaciones pueden afectar a pescadores artesanales y comunidades costeras.
El uso de fuerza letal sin supervisión independiente genera preocupación sobre la seguridad y los derechos de quienes transitan por el Caribe.
Rojas concluyó que la misión de AI se centra en “resguardar los derechos de las personas y prevenir ejecuciones”.
La organización mantiene seguimiento de los incidentes y exige transparencia para mitigar posibles abusos durante estas operaciones.
