Valencia, 31 de octubre de 2025-. Italia da luz verde a polémica reforma judicial. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consiguió este jueves uno de sus mayores triunfos legislativos desde que asumió el poder. El Senado aprobó la reforma constitucional de la justicia, que establece la separación de las carreras entre jueces y fiscales.
El texto obtuvo 112 votos a favor, 59 en contra y 9 abstenciones, y será sometido a referendo confirmatorio en la primavera de 2026. Meloni celebró el resultado como “un paso importante hacia un sistema más eficiente y cercano a los ciudadanos”, destacando que cumple una de sus promesas de campaña.
La reforma judicial de Meloni es presentada como una modernización estructural del sistema. Busca reducir los tiempos de los procesos civiles y comerciales, que en Italia tardan hasta 1.000 días en resolverse, según datos de la Comisión Europea.
Italia da luz verde a polémica reforma judicial
Los partidos de la coalición gobernante —Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia— apoyaron la medida sin fisuras. El senador Pierantonio Zanettin, de Forza Italia, aseguró que “comienza una nueva etapa para el sistema judicial” y confirmó que ya se inició la recolección de firmas para convocar el referendo.
Sin embargo, la oposición cuestionó duramente la iniciativa. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, denunció que la reforma busca “dar al gobierno más control sobre la justicia” y advirtió que podría poner en riesgo la independencia judicial.
El Ejecutivo teme que la baja participación electoral afecte la consulta. Para que el resultado sea válido, debe votar al menos el 50 % del electorado.
Separación de funciones y tensiones políticas
La principal novedad de la reforma judicial de Meloni es que los jueces y fiscales dejarán de pertenecer al mismo cuerpo. Actualmente, pueden cambiar de función durante su carrera, lo que el gobierno considera una fuente de conflictos de interés.
El debate se ha intensificado por las fricciones recientes entre el Ejecutivo y el poder judicial. En meses pasados, el Tribunal de Cuentas bloqueó un proyecto de infraestructura clave, lo que llevó a Meloni a acusar a algunos magistrados de “hacer política”.
