Inseguridad en Perú pone en riesgo a la ciudadanía. El aumento de la inseguridad ciudadana en Perú afecta directamente a la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos de la población, alertó un informe presentado este martes en Lima. La investigación propone una hoja de ruta con medidas concretas para combatir esta problemática.
El estudio, elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), indica que la ausencia de seguridad ciudadana pone en riesgo a los individuos, la sociedad y el propio Estado, y se ha normalizado en la vida cotidiana. «Estamos en un mundo complejo con un realineamiento político y cultural adverso a las políticas inclusivas», señala el informe.
Inseguridad en Perú pone en riesgo a la ciudadanía
El documento, denominado Perú: seguridad ciudadana y derechos humanos, surge ante el deterioro de los indicadores de seguridad y en un contexto donde el Congreso ha aprobado reformas que, según los autores, debilitan al Estado y favorecen economías ilícitas. La presentación contó con testimonios de la Generación Z, gremios de transporte y expertos en seguridad, quienes alertaron que la violencia es cada vez más cotidiana.
«No estamos hablando de un incidente aislado; esto afecta a todos los peruanos y ha ido en aumento», señaló el abogado Germán Vargas. Por su parte, Ricardo Soberón, autor del informe, advirtió que aplicar mano dura no resuelve la criminalidad organizada y que un garantismo bien elaborado podría separar a la base social de las cúpulas criminales.
El informe propone un pacto social interinstitucional para atender a aproximadamente un millón de peruanos involucrados en actividades ilegales, como extracción de oro o producción de cocaína, a cambio de servicios básicos, mientras se ataca a las cúpulas criminales. También sugiere reforzar unidades de flagrancia, juzgados especiales y unidades de inteligencia financiera.
La hoja de ruta contempla reformas a corto, mediano y largo plazo para la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), incluyendo nuevas políticas carcelarias y la construcción de cinco nuevos penales.
«La seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos son principios fundamentales. No son negociables y son la garantía para combatir eficazmente la criminalidad organizada», concluyó Soberón.
