Valencia, 19 de septiembre de 2025-. Esto dice el nuevo informe de la ONU sobre la participación de las autoridades venezolanas en presuntas vulneraciones de DDHH. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, presentó este viernes su informe anual.
El documento cubre casos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
Según la Misión, las autoridades venezolanas facilitaron o encubrieron violaciones de derechos humanos, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.
Esto dice el nuevo informe de la ONU sobre la participación de las autoridades venezolanas en presuntas vulneraciones de DDHH
El informe alerta sobre la presunta responsabilidad directa del sistema judicial en hechos de represión y detenciones arbitrarias.
Se documentaron además casos de violencia sexual, torturas y falta de atención médica a presos políticos, provocando varias muertes.
Represión y protestas
El informe destaca la brutal represión en las protestas postelectorales, que dejaron 25 personas fallecidas.
La Misión afirma que la situación en Venezuela constituye una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país.
También subraya que los patrones de violaciones documentados en informes anteriores persisten, afectando derechos fundamentales y la democracia regional.
Implicaciones internacionales
La ONU presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos el 9 de septiembre, buscando atención y acciones internacionales.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación sobre Venezuela por indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades o seguidores del gobierno.
Expertos señalan que este informe podría reforzar la presión diplomática y legal sobre Venezuela en foros internacionales.
La Misión insistió en que las violaciones denunciadas representan una amenaza persistente para los derechos humanos, afectando a toda la región latinoamericana.
Se recomienda implementar medidas inmediatas para garantizar justicia, protección a las víctimas y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
