Trump no podrá aplicar orden sobre ciudadanía. Ciudadanía por nacimiento en EE.UU. sigue vigente tras nuevos reveses judiciales al decreto del expresidente Donald Trump.
Tribunales frenaron la orden presidencial
Una serie de decisiones judiciales en tribunales inferiores impidieron que Donald Trump comenzara a aplicar su decreto para eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., que debía entrar en vigor este domingo 27 de julio.
Aunque una reciente decisión de la Corte Suprema limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional —aparentemente facilitando la ejecución del plan—, tres fallos adversos en tribunales federales bloquearon su entrada en vigencia. Las decisiones ocurrieron en New Hampshire, Boston y Seattle, donde jueces determinaron que el decreto era inconstitucional y violaba leyes federales.
Uno de los primeros fallos llegó desde New Hampshire, donde una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) logró que el juez Joseph LaPlante suspendiera la aplicación del decreto a nivel nacional.
Decretos sin sustento legal
Firmado por Trump el pasado 20 de enero, el documento titulado “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” ordenaba no reconocer la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres estuvieran en el país ilegalmente o con permisos temporales. Pero los tribunales consideraron que la medida vulnera la Enmienda 14 de la Constitución y contradice un histórico fallo de la Corte Suprema de 1898.
El juez Leo Sorokin, desde Boston, reafirmó que la orden es contraria a la Constitución y que no se puede limitar su medida cautelar porque el daño potencial a los estados sería irreversible. En paralelo, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito también respaldó mantener la orden cautelar emitida en Seattle.
Más demandas en camino
Expertos legales aseguran que el Gobierno podría intentar apelar, pero enfrentaría una jurisprudencia desfavorable. Además, una jueza en Maryland advirtió que está dispuesta a volver a bloquear el decreto si se reabre el caso como una acción colectiva.
Hasta ahora, todos los tribunales que han revisado la política han fallado en contra, señalando su carácter inconstitucional. Aunque la Corte Suprema permitió al Gobierno trabajar en una guía sobre cómo aplicaría el decreto, no se han ofrecido detalles públicos.
