Texas impulsa nueva ley que permite a alguaciles cuestionar estatus migratorio. El proyecto SB-8 obligaría a la mayoría de los condados a colaborar con ICE; activistas advierten sobre discriminación y abusos.
Texas avanza con una política migratoria más estricta. El Senado estatal aprobó la Ley SB-8 este domingo.
Esta medida permitirá que la mayoría de los alguaciles interroguen a personas sobre su estatus migratorio durante arrestos.
Además, obligará a los departamentos de alguaciles con cárceles a firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Texas impulsa nueva ley que permite a alguaciles cuestionar estatus migratorio
Según datos citados por The Texas Tribune, 234 de los 254 condados del estado deberán firmar pactos con ICE.
Los convenios permitirían a los alguaciles actuar como agentes de inmigración en sus jurisdicciones.
El gobernador Greg Abbott, republicano, tiene la ley en su escritorio. Se espera que la firme en los próximos días.
Críticas de activistas y organizaciones civiles
La propuesta ha generado una ola de críticas de defensores de derechos humanos y legisladores demócratas.
“La SB-8 no aumentará la seguridad, pero sí reforzará esfuerzos de deportación masiva”, afirmó Sarah Cruz, vocera de ACLU.
También advirtió que la ley desviará recursos policiales y promoverá la discriminación racial en comunidades latinas y migrantes.
Texas, laboratorio de políticas migratorias
Un informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) señaló que Texas ha sido un laboratorio político migratorio.
Sus medidas han servido como modelo para el gobierno de Donald Trump, especialmente tras su regreso al poder en enero.
El estudio advierte que estas políticas se han replicado en otros estados, promoviendo un enfoque más restrictivo y hostil.
La ley SB-8 marca un nuevo capítulo en la estrategia migratoria de Texas, bajo el liderazgo de Abbott y su legislatura republicana.
