Esto se sabe de los venezolanos en El Salvador. Dos meses han pasado desde aquel 15 de marzo que constituyó un hecho nunca antes visto en el éxodo venezolano: 238 connacionales fueron entregados por Estados Unidos al Gobierno de El Salvador para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.
Desde esa fecha en adelante poca es la información oficial que existe sobre los detenidos. No hay una lista oficial con las identidades de estas personas y solo circularon nombres obtenidos por el medio estadounidense CBS News.
Esto se sabe de los venezolanos en El Salvador
Los venezolanos fueron deportados por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, del año 1798, tras acusaciones de pertenecer a la banda criminal. En la cárcel de máxima seguridad, que el gobierno salvadoreño muestra como símbolo de mano dura contra las pandillas, los presos están totalmente incomunicados.
Al Cecot no hay acceso legal ni contacto virtual con los familiares, pero tampoco hay explicaciones claras sobre las acusaciones, pues la mayoría de los familiares niega que existan pruebas para sostener la versión de vínculos con bandas criminales y argumentan que decenas de ellos fueron llevados a El Salvador bajo engaño o que son señalados solo por tener tatuajes.
“¿Dónde están exactamente?, ¿por qué los acusan sin pruebas?, ¿dónde está el listado oficial?”, son algunas de las preguntas que se siguen haciendo sus seres queridos, muchos de los cuales ni siquiera han podido ver a su familiar en los videos difundidos por El Salvador.
El Estado venezolano contrató un bufete de abogados, pero estos denuncian falta total de acceso y retrasos judiciales y exigen a Bukele abrir un canal de comunicación, presencial o virtual. Sobre el recurso de habeas corpus, introducido el 24 de marzo, tampoco han recibido notificación, citó Tal Cual.
«Consideramos que es propicio que se habiliten canales de comunicación para efectos de darle una salida a esta situación, una salida legal y humanitaria», expuso el abogado Jaime Ortega.
El presidente Nayib Bukele propuso, el pasado mes de abril, a Nicolás Maduro canjear a los 252 venezolanos presos en el Cecot por la misma cantidad de presos políticos, pero Venezuela rechazó la oferta, calificándola de «cínica».
El fiscal general, Tarek William Saab, pidió a El Salvador “de manera inmediata la lista completa con la identificación” de estas personas, “su estatus judicial” y el “informe médico de cada uno”, pero tampoco ha habido respuesta.
Por su parte, Maduro afirmó, el pasado 13 de mayo, que está listo para buscar a estos venezolanos: “Sobre esos en campos de concentración, pedimos su liberación inmediata. Estamos listos para buscarlos en un avión venezolano y traerlos a los brazos de sus familias”, dijo.
El exlegislador estadounidense Matt Gaetz visitó la cárcel de máxima seguridad el 9 de mayo y durante su recorrido con la representante republicana Anna Paulina Luna, los venezolanos detenidos gritaban “libertad”, “Venezuela” y hacían señas con las manos para pedir ayuda. Esta sería una de evidencias de la reclusión de estos deportados.
Los familiares de los detenidos piden a las autoridades venezolanas mediar con El Salvador para lograr la liberación y retorno de estos ciudadanos al país. También han protestado y marchado para exigir a organismos internacionales interceder para lograr que sean puestos en libertad.
Organismos internacionales como Human Rights Watch, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han alertado que el caso de estos 252 venezolanos constituye una desaparición forzada tras la completa incertidumbre sobre su paradero. “Su situación legal sigue sin estar clara”, señaló Liz Throsell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esto se sabe de los venezolanos en El Salvador
A dos meses del envío de los primeros 238 venezolanos, la situación permanece en un limbo legal. Expertos en derechos humanos denuncian que la detención no tiene base legal en El Salvador.
La deportación de venezolanos a El Salvador ocurre tras un acuerdo por medio del cual la administración de Trump pagará al gobierno de Bukele $20.000 anuales por cada preso recibido, lo que eleva la cifra a seis millones de dólares al año, pues se acordó el traslado de unos 300 migrantes.
