Crónica Uno – Valencia, 22 de abril de 2025-. Abogados advierten que violaciones de derechos humanos no se resuelven con canje de prisioneros. La propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de canjear a 252 venezolanos privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad de ese país por la misma cantidad de presos políticos detenidos en Venezuela es tildada de ilegal por abogados y defensores de derechos humanos.
Para el abogado y defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, no se requiere de “un chantaje” o “presiones” externas para tramitar la liberación de los presos políticos en Venezuela o del retorno de los migrantes detenidos en El Salvador.
Con esto coincide el jurista Joel García, para quien “la solución a la violación a los derechos humanos y a la violación al debido proceso no tiene que ver con un canje de prisioneros”.
En conversaciones con Crónica Uno, ambos activistas coincidieron que el “canje de personas” en medio de negociaciones políticas va en detrimento de las garantías fundamentales de los ciudadanos y promueve la utilización de las personas.
“Lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es poner en libertad a los presos políticos y no esperar que se ejerzan presiones de otros países para que haga lo que por voluntad debería ser”, añadió Alvarado.
Un chantaje
La propuesta de Bukele, planteada como “un acuerdo humanitario” y expuesta en las redes sociales del presidente salvadoreño, plantea un chantaje que no representa una solución real para los presos políticos de Venezuela, según los juristas consultados.
“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, expuso Bukele en X (antes Twitter).
El planteamiento del mandatario centroamericano es la repatriación de 252 venezolanos “a cambio” de privados de libertad por razones políticas como Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González, o del periodista Roland Carreño, entre otros.
Al respecto, el activista Marino Alvarado es tajante al afirmar que “no puede condicionarse la libertad de inocentes a una negociación política entre dos gobiernos autoritarios”.
A su juicio, es necesario que la liberación de las personas de Venezuela detenidas en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador sea un paso inmediato y sin condicionamiento por parte de Bukele.
“La propuesta de Bukele se presenta como solidaria con los presos políticos venezolanos, pero es una actitud de hipocresía porque a otros venezolanos bajo su régimen se les están violando los más elementales derechos humanos”, sentenció.
“No son fichas”
Joel García, dedicado a la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, asegura que Bukele no ofrece una “alternativa viable”, pues no resuelve un problema de detenciones arbitrarias bajo la administración de Nicolás Maduro.
“La solución a la violación a los derechos humanos y a la violación al debido proceso no tiene que ver con un canje de prisioneros, sino solamente con cumplir la ley tal y como está escrita. Es decir, el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y a la ley”, dijo.
Explicó que los privados de libertad en centros de reclusión como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, deberían vivir procesos judiciales legales y transparentes que les permitan a sus defensores demostrar la inocencia ante los cargos que les imputan y acceder a su liberación.
Pues un canje, “un intercambio humanitario”, que ya se ha empleado en Venezuela, no resolvería el problema de todos los presos políticos que, de acuerdo con el Foro Penal, rondan los 903 detenidos.
“Si los jueces y los fiscales del Ministerio Público cumplen con la Constitución, esas personas deberían salir de libertad. Si tienen responsabilidad deben ser condenados, pero no deben someterse a esta situación que están viviendo ahora”, dijo.
Las interrogantes del fiscal
La respuesta más contundente a la propuesta de Bukele fue la de Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta ANC, quien tachó de cínica la idea en un comunicado publicado la misma noche que se difundió la solicitud del mandatario.
En el escrito, el funcionario venezolano plantea varias interrogantes sobre la situación de los detenidos de nacionalidad venezolana que se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), tras ser enviados por el gobierno de Estados Unidos.
Abogados advierten que violaciones de derechos humanos no se resuelven con canje de prisioneros
Con información de Crónica Uno.
