Una reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos ha generado alarma entre expertos y defensores de los derechos de los migrantes. Un alto funcionario de inmigración, Mellissa Harper, ha sido designada para liderar la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia encargada de gestionar el bienestar de los niños migrantes no acompañados. Esta designación ha suscitado preocupaciones sobre la posible transferencia de información que podría ser utilizada para arrestos y deportaciones.
Durante los últimos 20 años, la ORR ha operado bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), con la responsabilidad de supervisar el cuidado de los niños que cruzan la frontera sin un padre o tutor legal. Su enfoque ha sido en el bienestar de los menores, asegurando que sean colocados con patrocinadores seguros en los Estados Unidos, en lugar de enfocar el proceso como punitivo.
Sin embargo, durante la administración del expresidente Donald Trump, la ORR comenzó a compartir información identificativa sobre estos niños y sus patrocinadores con Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que resultó en una ola de arrestos. Aunque el Congreso limitó este intercambio de información y la administración del presidente Joe Biden detuvo la práctica, la nueva designación de Harper ha llevado a cuestionamientos sobre la posible sobresaturación entre las agencias.
En conversación con ProPublica, tres funcionarios actuales y anteriores del gobierno, quienes pidieron permanecer en el anonimato, confirmaron que Harper, una veterana oficial de inmigración en ICE, asumirá el mando de la ORR. Según el directorio de empleados federales, esta es la primera vez que un oficial de ICE es contratado para liderar la ORR.
El historial de Harper en ICE incluye la supervisión de operaciones de enforcement y la gestión de casos relacionados con menores. Sin embargo, su tiempo en el cargo ha estado marcado por contenciosos, incluida un juicio colectivo de 2018 que cuestionó la transferencia de adolescentes a instalaciones de detención para adultos al cumplir 18 años.
Scott Shuchart, exapoderado político en ICE durante la administración Biden, expresó que esta elección parece alinearse con el deseo de la administración Trump de reforzar la aplicación de la ley contra los niños no acompañados y sus patrocinadores. Shuchart identificó que algunos contrabandistas han incentivado el envío de niños solos a través de la frontera sabiendo que serían trasladados a la custodia de la ORR.
«Los niños no acompañados son particularmente vulnerables y deben ser tratados como menores, no como criminales”, afirmó Neha Desai, directora de inmigración en el Centro Nacional para la Ley de la Juventud. Este cambio de enfoque ha reforzado temores sobre el efecto de tales decisiones en la seguridad y bienestar de los menores migrantes.
Llegar a este punto implica una erosión de las garantías establecidas para proteger a estos niños, tras decisiones previas en las que la ORR había dejado de compartir información con ICE, asegurando que «la ORR no es una agencia de aplicación de la ley de inmigración».
Con el nombramiento de Harper, la comunidad de defensores de los derechos humanos observa atentamente la evolución de las políticas que podrían afectar la vida de los niños migrantes en el país.
Con información de Versión Final
