Alberto News– Caracas, 3 de abril de 2024. Estados Unidos puso, publicamente, sus cartas sobre la mesa, en el marco de la crisis política que sacude a Venezuela producto de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro al evitar la participación de María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición, y Corina Yoris, ficha seleccionada por la presidenta de Vente Venezuela para garantizar unas elecciones con una candidatura que realmente haga contrapeso con la del oficialismo.
Francisco Palmieri, jefe de la Misión de Estados Unidos para Venezuela, advirtió en una entrevista con NTN 24, la noche de este martes, que la Casa Blanca estableció el 18 de abril como plazo definitivo para hacer valer el histórico Acuerdo de Barbados.
Ante esta situación, expertos analizan cuáles son las vertientes que podría tomar el país a 15 días de la fecha límite para definir la candidatura, junto con sus posibles consecuencias. En concreto, Palmieri expuso que la administración de Biden observa las acciones del Gobierno venezolano y sus representantes en torno del histórico pacto registrado en octubre de 2023. Con base en lo sucedido y lo que sucederá, explicaba, tomarán una decisión.
(Tal día) vamos a medir lo que ha pasado y decidir cómo es el mejor camino para realizar una elección en el país. Es interesante que la Primaria, que salió después de ese acuerdo, dio ese tipo de oportunidad al pueblo; y en ese momento el CNE debe tomar en cuenta cómo fue esa elección y como pueden cumplir con las mismas condiciones, y darles a los venezolanos la oportunidad de votar en una elección el 28 de julio», expresó.
Sus declaraciones, a juicio del politólogo Luis Rendueles, especialista en campañas electorales, son «una forma de generar presión en el marco de las negociaciones que se reanudan con Noruega», además de formar una «respuesta directa» a la Ley antifascista, la inhabilitación de María Corina y la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitir la candidatura de Corina Yoris.
Respecto a las sanciones, consideró que su reimposición parece «improbable. Sobre todo, porque la administración de Joe Biden se encuentra en año electoral y procurará que Venezuela no sea un ‘issue’ (asunto) de campaña. «Lo mejor que les puede pasar es lograr la reinstitucionalización del país y la normalización de las relaciones con los países de América Latina y con el sistema financiero, pero mientras eso no pase, se mantendrán las licencias ya otorgadas», amplió Rendueles a este medio de comunicación.
«Queda en manos de la oposición»
La postura de Rendueles es respaldada por el politólogo Yoel Lugo, quien aseguró a Versión Final que las sanciones «no han dado la respuesta esperada como mecanismo de presión» hacia el Gobierno de Maduro.
«En el actual contexto internacional de conflictos bélicos como el de Ucrania – Rusia, Israel – Palestina, no es conveniente para una potencia como lo es Estados Unidos volver a imponer sanciones a sabiendas del pésimo resultado, pero lo más probable es que cambien los mecanismos de presión», añade.
Para Lugo, la Unidad opositora será la responsable de alcanzar estos mecanismos de presión antes mencionados. «Lo que debe hacer la oposición es buscar el mayor consenso posible y la organización perfecta, eso es lo que realmente podría lograr presionar al gobierno a llegar a negociaciones serias que reflejen resultados», expuso.
La elección presidencial ocurre cada 6 años y ya han puesto otras eventualidades (además de las inhabilitaciones) en la mesa pero no han dado resultado, es decir, la oposición se enfrenta a una enorme oportunidad, que necesita de la mayor responsabilidad posible incluso más allá de la personal. Las jugadas no serán sencillas mientras más nos acerquemos al 28 de julio, queda en manos de la oposición lo que estaremos viviendo ese día y los próximos 6 años», sentencia.
Consecuencias
En un artículo de opinión difundido por la página Política UCAB, Benigno Alarcón Deza, politólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), no descarta una posible reimposición de sanciones al Gobierno de Venezuela. No obstante, sí considera que la presión internacional juega un papel importante dentro de los próximos meses en el país.
Alarcón explica que para el oficialismo fueron sorpresivas las declaraciones de países aliados como Colombia y Brasil, cuyos jefes de Estado, Petro y Lula, históricos aliados de Maduro, salieron en defensa de la candidatura de Croina Yoris y exigieron que las elecciones del 28 de julio cuenten con la representación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
A juicio de Alarcón, Latinoamérica y EE. UU. están especialmente interesados en estos comicios, debido al impacto que podría tener en la región una posible reelección de Maduro. En el caso de los países más cercanos a Venezuela, se están preparando para una nueva ola migratoria en sus estados fronterizos, según el politólogo.
«Diversos estudios apuntan a que habrá un repunte importante del flujo migratorio venezolano, que contempla una salida de 300 mil venezolanos del país entre los próximos meses de junio y julio», advierte.
La comunidad internacional, que esta semana ha sido clara en torno a las maniobras del Gobierno, tiene un rol determinante para seguir presionando. Los países latinoamericanos y Estados Unidos saben el impacto que podría tener una reelección de Maduro en la seguridad y estabilidad del hemisferio, comenzando por el problema más obvio, la diáspora venezolana que se ha convertido en la segunda más importante después de la de Siria, país sumido en una guerra civil desde hace más de una década», alerta.
