Venezolano Junior firmó su salida voluntaria de Estados Unidos pero permanece atrapado en un limbo migratorio. La ciudadana venezolana Marlinis Aliendres denunció este lunes 12 de octubre de 2026 el calvario que atraviesa su esposo, el ingeniero Junior Puerta, quien cumplió ocho meses recluido en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El profesional del área constructiva firmó hace tres meses un acta de salida voluntaria para facilitar su inmediato retorno a Venezuela, creyendo que dicho paso legal pondría punto final al encierro carcelario. Sin embargo, las autoridades cancelaron su traslado aéreo a última hora y prolongaron su cautiverio de manera indefinida.
El mensaje frustrado, la parada de tránsito y el inicio del tormento
La angustia de la familia alcanzó su punto más crítico cuando el propio detenido notificó a sus allegados un inminente despegue que las autoridades terminaron frustrando.
Marlinis Aliendres relata conmovida el dolor de presenciar la ausencia forzada del padre de su pequeña hija:
«Lo único que quiero es volver a mi vida normal, volver a comer bien, volver a dormir bien, dejar de admirar cómo otras parejas van juntas a ciertos lugares y nosotros desde hace ocho meses lo dejamos de hacer, ver cómo otros padres están con sus hijos y la mía no puede estar cuando mi esposo no ha hecho absolutamente nada mal».
La cronología del arresto evidencia una confusa actuación policial durante un control rutinario de tránsito en febrero pasado:
- El conductor manejaba pacíficamente hacia su residencia cuando oficiales migratorios ordenaron detener la marcha de su vehículo para solicitar identificaciones.
- Un primer agente revisó sus permisos, su documento de identidad y le aseguró verbalmente que mantenía toda su documentación en regla.
- No obstante, dicho funcionario entregó las credenciales a un segundo oficial, quien contradijo a su compañero y ordenó procesar de inmediato al conductor.
- El procedimiento ocurrió meses antes de que la jefatura de ICE estableciera directrices más estrictas para regular las intervenciones vehiculares en carreteras.
- La agencia implementó las nuevas normas tras polémicas detenciones viales que desencadenaron tiroteos letales y suscitaron intensos debates internos en la administración Trump.
- Las directrices actuales exigen patrullas con balizas luminosas, sirenas reglamentarias, cámaras corporales activadas y cursos avalados por la división ERO, prohibiendo persecuciones temerarias.
En tal sentido, la cónyuge de Puerta cuestiona que el arresto de su marido careciera de las garantías operativas que la agencia federal aprobó poco tiempo después.
A este respecto, activistas comunitarios recuerdan que las detenciones viales indiscriminadas separaron a cientos de progenitores sin antecedentes criminales en todo el país.
Aunado a esto, los defensores de los derechos de los migrantes señalan que las patrullas fronterizas ejecutaron muchas de estas capturas sin mediar sospechas fundadas de delitos mayores.
Asimismo, la familia insiste en que Junior jamás cometió infracciones graves ni representó peligro alguno para el orden público estadounidense.
Estatus legal previo, estadísticas de TRAC y el enredo del habeas corpus
De las visas de turismo a forjar una empresa propia
Por otra parte, la trayectoria de la pareja en Estados Unidos dista por completo de la condición de irregularidad migratoria.
Ambos profesionales arribaron al territorio estadounidense en el año 2020 portando visas legales de turismo tras graduarse como ingenieros en universidades venezolanas.
Al llegar, formalizaron su solicitud ante el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y un año más tarde introdujeron una petición formal de asilo con asistencia letrada.
Marlinis Aliendres defiende con vehemencia la pulcritud con la que manejaron su permanencia en suelo norteamericano:
«Una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser indocumentado y nosotros jamás estuvimos indocumentados en los Estados Unidos».
La pareja inició su camino laboral en cuadrillas de limpieza hasta que Junior fundó su propia compañía en el rubro de la construcción con el aval de sus antiguos empleadores.
En consecuencia, el sorpresivo arresto del sustento del hogar destruyó las finanzas familiares y dejó desamparada a su pequeña hija.
De igual manera, los colegas del sector constructivo lamentan la interrupción de las labores de una empresa emergente que generaba puestos de trabajo locales.
La paradoja jurídica y los falsos traslados
Por añadidura, la causa judicial de Junior Puerta refleja una cruda realidad que abarca a cientos de miles de extranjeros procesados por las cortes de inmigración:
El ingeniero integra el grupo de más de 741.870 extranjeros a quienes jueces federales ordenaron su expulsión del país.
Según datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, las salidas voluntarias constituyeron el 83,5 % de las causas concluidas hasta agosto de 2026.
Tras sufrir la negativa de sus solicitudes de fianza y la desestimación de su petición de asilo, el venezolano decidió renunciar a los litigios y firmar su salida voluntaria para volver a su patria.
Sin embargo, una inesperada paradoja judicial trabó su retorno: la justicia aprobó con retraso un recurso de habeas corpus introducido meses atrás, complicando administrativamente la ejecución del viaje.
Para colmo de males, los custodios federales informaron en septiembre a Puerta y a otros reclusos que los enviarían a sus naciones de origen, pero tras trasladarlos durante casi una semana por varios centros penitenciarios, los regresaron al mismo recinto carcelario original.
De modo que la promesa frustrada de retorno, las trabas procesales derivadas del habeas corpus y el dolor de Marlinis Aliendres evidencian las fallas del sistema migratorio estadounidense.
Con información de CNN
