Valencia, 2 de junio de 2026-. Unión Europea autoriza los «centros de retorno» en el extranjero para migrantes irregulares. El acuerdo fue alcanzado por eurodiputados el 1 de junio y aún debe someterse a una votación final. La propuesta forma parte de una iniciativa presentada por la Comisión Europea en 2025.
Según el texto, los Estados miembros podrán enviar a migrantes a países con los que no tengan vínculo previo. Algunas naciones ya evalúan ubicaciones como Ruanda, Uganda o Uzbekistán.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, afirmó que las nuevas reglas darán mayor control. “Tenemos más control sobre quién puede entrar, quedarse o salir”, señaló.
Actualmente, solo el 20 % de las personas con orden de expulsión abandona la Unión Europea. Este dato refleja las dificultades para ejecutar deportaciones.
Unión Europea autoriza los «centros de retorno» en el extranjero para migrantes irregulares
La política migratoria europea se endurece también con nuevas facultades para las autoridades. El proyecto amplía los períodos de detención y contempla sanciones por falta de cooperación.
Entre las medidas se incluyen multas, prohibiciones de entrada y posibles sanciones penales. Además, se permite la recopilación de datos biométricos y registros domiciliarios.
Las autoridades también podrán realizar inspecciones en instalaciones vinculadas a migrantes. Este punto ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias.
Algunos países ya aplican prácticas similares, según denuncian activistas. Señalan un aumento de deportaciones desde países como Alemania hacia otras regiones europeas.
Debate por impacto en derechos humanos
La política migratoria europea se endurece en medio de críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas advierten sobre posibles riesgos para las garantías fundamentales.
Silvia Carta, representante de PICUM, calificó la medida como una “maquinaria draconiana de detención y deportación”. A su juicio, el reglamento podría agravar la situación de los migrantes.
Por otro lado, algunos gobiernos defienden la iniciativa ante la presión política interna. Aunque las llegadas irregulares bajaron un 26 % en 2025, el tema sigue siendo prioritario.
El modelo no es completamente nuevo. Italia ya probó un sistema similar en Albania, aunque enfrentó obstáculos legales.
Mientras tanto, países como Francia y España han expresado reservas sobre estos centros. Consideran que podrían afectar el respeto de los derechos humanos.
