Valencia, 15 de julio de 2026-. Un grupo de congresistas exigen que EEUU levante las sanciones a Venezuela para atender emergencia post terremotos. El levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela es la exigencia urgente que un grupo de 14 legisladores demócratas envió este martes al presidente Donald Trump. La carta busca facilitar la recuperación nacional ante la devastación provocada por los sismos del 24 de junio.
El diario El País reseña la nota original sobre esta solicitud formal, que cuenta además con el respaldo de 17 organizaciones no gubernamentales. Los congresistas advierten que las restricciones financieras actuales obstaculizan gravemente las labores de rescate y reconstrucción.
Un grupo de congresistas exigen que EEUU levante las sanciones a Venezuela para atender emergencia post terremotos
Los parlamentarios solicitaron a la administración estadounidense desbloquear de forma permanente los activos petroleros venezolanos congelados en el extranjero. Aseguran que el levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela es indispensable para adquirir maquinaria pesada y materiales de construcción.
El balance de daños tras el doblete sísmico en La Guaira y Caracas alcanza los 4.561 fallecidos y miles de heridos. Además, la tragedia dejó a 18.000 personas sin hogar, enfrentando una situación de vulnerabilidad extrema sin precedentes.
La carta señala que, mientras los terremotos fueron eventos inevitables, las trabas financieras impuestas desde Washington son medidas evitables. Los legisladores recordaron que, tras la operación militar de enero, la administración estadounidense asume responsabilidades directas sobre la respuesta humanitaria nacional.
Urgencia de recursos para evitar una catástrofe
La recesión prolongada durante una década agrava el impacto de los sismos en la infraestructura pública. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el sistema sanitario nacional ha colapsado y la crisis es crítica.
El levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela es visto por los firmantes como la única vía para evitar una mayor catástrofe sanitaria. Las restricciones financieras vigentes desde 2017 impiden el desescombro eficiente de cientos de edificios escolares y públicos derruidos.
