UE evita valorar petición de España sobre sanciones a Delcy Rodríguez. La Unión Europea no quiso este viernes pronunciarse directamente sobre la solicitud de España para que se retiren las sanciones comunitarias impuestas a la presidenta encargada de Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, evitó confirmar si los Veintisiete darán marcha atrás a las medidas restrictivas en la reunión que mantendrán este lunes los ministros de Exteriores.
Al ser preguntado sobre la petición que presentará Madrid en el Consejo de Asuntos Exteriores, El Anouni dijo: “No voy a comentar ese enfoque… ni a confirmar ni desmentir”. Sin embargo, enfatizó que la política de sanciones de la UE “no es un fin en sí misma” y que la Comisión está dispuesta a “utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela”.
UE evita valorar petición de España sobre sanciones a Delcy Rodríguez
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunció que España solicitará formalmente a la Unión Europea que levante las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, tras la aprobación unánime de una ley de amnistía para presos políticos, y que la UE envíe “una señal de que Venezuela camina por el buen camino”. Albares ha defendido que las sanciones son un instrumento y no un objetivo en sí mismo, y que, si se están dando pasos hacia un diálogo pacífico y democrático, la UE debe acompañar esos avances.
Actualmente, la UE mantiene sanciones individuales contra 69 personas a quienes considera responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, entre ellas Delcy Rodríguez. Estas medidas implican veto de entrada al territorio comunitario y congelación de activos en la Unión Europea.
La respuesta de Bruselas deja abierta la posibilidad de debatir la petición en las próximas reuniones ministeriales, pero no compromete a la UE a levantar las sanciones de inmediato. Expertos señalan que cualquier cambio requeriría consenso de los Estados miembros o una evaluación jurídica específica en el contexto de las normas europeas de sanciones.
