Últimas Noticias– Caracas, 9 de octubre de 2023. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organizó una mesa de trabajo en la que participaron varias instituciones y organismos del Estado con el objeto de articular esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos y debido proceso de adolescentes y jóvenes adultos privados de libertad, en conflicto con la ley penal.
El encuentro se realizó en la Sala de Audiencias Telemáticas del alto juzgado.
La jornada contó con la participación de Edgar Gavidia Rodríguez, primer vicepresidente del TSJ, presidente de la Sala de Casación Socia, quien además encabeza la Coordinación Nacional para la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por su parte, Elsa Janeth Gómez Moreno, presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, destacó la importancia de fortalecer y optimizar de forma constante el trabajo articulado entre las diferentes instituciones y organismos del Estado.
Establecer líneas de acción conjuntas
En la mesa de trabajo, la Magistrada subrayó que estos esfuerzos se dan con el fin de establecer líneas de acción en cumplimiento con la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como los tratados internacionales que rigen la materia, reseña nota de prensa del TSJ.
La actividad contó con una amplia participación de representantes de otros entes incluyendo a los diputados de la Asamblea Nacional Julio García Zerpa, Carlos Mogollón, Enrique Ramos y Azucena Jaspe; el defensor público general, Dr. Daniel Ramírez Herrera; el viceministro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, José Pestana; el viceministro para la Atención del Adolescente en Conflicto con La Ley Penal del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Kevin Ávila y la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Katherine Haringhton.
También estuvieron presentes Lisaura Ravicini del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; del Ministerio Público; del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Policía Nacional Bolivariana, entre otros.
