Tribunales de Colombia imponen más de 20 años de prisión a la cúpula del ELN por reclutar a 60 menores y someterlos a combates, violencia sexual y abortos forzados. En el marco de una contundente resolución judicial que busca reparar la memoria histórica de las víctimas más vulnerables del conflicto armado colombiano, la Justicia de ese país condenó este lunes 28 de septiembre de 2026 a más de dos décadas de cárcel a los máximos cabecillas del Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El fallo sanciona el reclutamiento sistemático e ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes entre 2004 y 2018 en diversas zonas rurales del territorio nacional.
Sentencia contra el COCE e identidades de los cabecillas condenados
La resolución de los estrados judiciales impuso un castigo de 20 años y 4 meses de presidio formal contra los jerarcas guerrilleros.
Los magistrados hallaron penalmente responsables de los cargos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como «Gabino»; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias «Antonio García»; Israel Ramírez Pineda, denominado «Pablo Beltrán»; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias «Pablito».
En tal sentido, la causa penal incorporó sanciones para otros siete integrantes de la organización subversiva, estableciendo penas privativas de la libertad que oscilan entre 11 años y 8 meses y 14 años y 2 meses de reclusión.
Entre esos cuadros sancionados figuran mandos destacados del denominado Frente de Guerra Occidental, tales como Emilcen Oviedo Sierra, apodada «La Abuela», y Miguel Enrique Hernández Padilla, conocido con el alias de «Jairo».
Asimismo, los jueces declararon a los cuatro integrantes del mando central y a los restantes siete procesados bajo la figura jurídica de personas ausentes, toda vez que ninguno compareció de manera física a las audiencias del juicio oral.
Las vejaciones en los campamentos y el saldo mortal
Labores forzadas, extorsiones y explosivos en cinco departamentos
Por otra parte, el dosier acusatorio del ente acusador expuso el doloroso itinerario que padecieron las víctimas infantiles.
La Fiscalía demostró que los afectados tenían edades comprendidas entre los 8 y los 17 años al momento de su captura ilegal en municipios de Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.
En consecuencia, los mandos insurgentes atrajeron a una parte de los jovencitos mediante ofrecimientos engañosos, mientras sometieron a otros a través de la violencia física directa y amenazas de muerte contra sus familias.
Una vez que ingresaban a los campamentos en la manigua, los comandantes forzaban a los menores a cumplir tareas de guardia armada, elaboración de ranchos, patrullajes de avanzada, acarreo de leña y faenas pesadas de logística.
De igual manera, los insurgentes adiestraron a varios infantes en el manejo de radioperaciones, los involucraron en choques bélicos contra la fuerza pública, los obligaron a cobrar extorsiones y les ordenaron instalar campos minados con artefactos explosivos artesanales.
Violencia de género, abortos y tres fallecimientos documentados
Aunado a esto, las evidencias presentadas en los estrados destaparon un patrón sistemático de vejámenes corporales y psicológicos:
Los testimonios documentaron palizas disciplinarias, entrenamientos con fusiles automáticos, ajusticiamientos sumarios, heridas graves e intimidaciones constantes dentro de la selva.
Por añadidura, los peritajes confirmaron múltiples agresiones sexuales contra las menores reclutadas, denunciando que los mandos forzaban a las adolescentes a utilizar mecanismos anticonceptivos y a someterse a abortos clandestinos cuando quedaban en cinta.
Por otro lado, la Fiscalía lamentó que tres de los jóvenes murieron durante su permanencia en las filas armadas debido a las pésimas condiciones de vida y los combates.
De modo que este fallo sienta un precedente determinante para evitar que los crímenes contra la infancia queden sepultados en la impunidad judicial.
Con información de EFE
