Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa propuesta para eliminar el TPS a más de un millón de personas. La Corte Suprema de Justicia en Washington inició este miércoles la revisión de una medida impulsada por la administración de Donald Trump que busca poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de varios países, lo que afectaría directamente a más de un millón de beneficiarios. El máximo tribunal analiza si el Ejecutivo tiene la autoridad discrecional para rescindir estas protecciones humanitarias, las cuales permiten a extranjeros de naciones afectadas por conflictos armados o desastres naturales vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.
Durante la audiencia, los magistrados escucharon argumentos sobre el impacto que tendría la cancelación del programa en comunidades que han residido en el país durante décadas. Los representantes legales que defienden el beneficio sostienen que la eliminación del TPS se basa en motivaciones políticas y no en una evaluación técnica real sobre las condiciones de seguridad en los países de origen. Por su parte, el equipo legal del Gobierno argumenta que el programa fue concebido como una medida temporal y que la ley otorga al Departamento de Seguridad Nacional la potestad de finalizarlo cuando considere que las condiciones de emergencia han cesado.
Esta decisión es de vital importancia para cientos de miles de familias procedentes de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes quedarían en una situación de vulnerabilidad migratoria ante una eventual sentencia a favor de la Casa Blanca. De ratificarse la eliminación del estatus, los beneficiarios perderían sus permisos de trabajo de forma progresiva y podrían enfrentar órdenes de deportación, a menos que logren ajustar su situación legal a través de otras vías migratorias, un proceso que suele ser complejo y costoso bajo las normativas actuales de 2026.
El fallo definitivo del Tribunal Supremo no se espera de manera inmediata, pero su resolución marcará un precedente jurídico sobre el alcance del poder ejecutivo en materia de beneficios humanitarios. Diversas organizaciones de derechos civiles han realizado manifestaciones frente a la sede de la Corte para exigir la protección de los «tepesianos», resaltando la contribución económica y social de estos trabajadores a la economía estadounidense. Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración mantiene vigentes las extensiones actuales hasta que se produzca una sentencia firme que determine el futuro del programa.
Con información de Alberto News.
