Alberto News – Caracas, 8 de noviembre de 2024-. Al menos 27 presos fueron trasladados desde cuatro calabozos del estado venezolano de Lara (oeste), donde en tres de ellos los reos mantienen una huelga de hambre en protesta contra el «hacinamiento» y el «retardo procesal», informó este viernes la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
A través de una nota de prensa, la ONG detalló que los presos serán trasladados a una cárcel del estado Carabobo (norte), sin precisar cuál.
Los reos continuarán la huelga de hambre y mantendrán su denuncia a pesar de los traslados, afirmó UVL, ya que, de acuerdo a los reportes de familiares, las autoridades «no atendieron con detalles a todos los que están en huelga».
La protesta la iniciaron el lunes 48 reos de una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Lara, a la que se sumaron dos días después 69 detenidos en un segundo calabozo y, el jueves, otros 76 de un tercer centro, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Recordemos que el CICPC fue creado para la investigación criminalística y sus funcionarios no fueron y no están formados para cuidar presos», sostuvo la ONG.
Humberto Prado, director del OVP, dijo recientemente a EFE que desde el OVP estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85 % están en retardo procesal.
Esto se debe -aseguró- a la «falta de algunas partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos», entre otras, lo que hace que el caso se difiera.
El OVP afirmó que los presos iniciaron la huelga como una «medida extrema» que refleja «desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas».
Asimismo, alertó sobre las «consecuencias graves y progresivas para la salud» de una huelga de hambre, ya que «puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales».
La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de «manera urgente» la «crítica situación», de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de «visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas».
