Tras denuncias ciudadanas restituyen vivienda a José Breijo en Bello Monte. Vecinos del edificio Pasquiareli, en el sector Bello Monte de Caracas, reportaron el desalojo de un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) que presuntamente ocupaba de forma irregular el apartamento del ciudadano José Breijo, un adulto mayor que había sido excarcelado recientemente bajo medida de arresto domiciliario.
La información fue difundida por el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas a través de redes sociales, donde señaló que el procedimiento se habría realizado durante la medianoche del martes y que habría contado con la participación de funcionarios vinculados a la Presidencia de la República.
Tras denuncias ciudadanas restituyen vivienda a José Breijo en Bello Monte
De acuerdo con las denuncias, el inmueble habría sido restituido al ciudadano José Breijo, quien tras su excarcelación no había podido ingresar a su vivienda en el mismo edificio de Bello Monte debido a que se encontraba presuntamente ocupada.
Según reportes de medios locales y organizaciones de derechos humanos, Breijo es un adulto mayor que permaneció detenido por cerca de dos años y fue liberado recientemente bajo arresto domiciliario, tras un proceso judicial relacionado con acusaciones de terrorismo.
El caso generó atención pública luego de que se difundieran imágenes y testimonios en los que el exdetenido denunciaba que su apartamento estaba cerrado con candado y con pertenencias removidas, lo que le impedía cumplir la medida judicial en su propio hogar.
Vecinos del edificio aseguraron que, tras la intervención nocturna, el funcionario señalado como ocupante habría sido retirado del lugar y la vivienda devuelta a su propietario legítimo. Sin embargo, también denunciaron la desaparición de objetos personales durante el periodo de ocupación, por lo que exigieron una investigación formal.
El caso ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde activistas y residentes de la zona han solicitado la actuación del Ministerio Público para esclarecer responsabilidades, tanto en la presunta ocupación irregular del inmueble como en el manejo del procedimiento de desalojo.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de garantizar la protección de la propiedad privada y el cumplimiento adecuado de las medidas judiciales, especialmente en casos de personas bajo arresto domiciliario.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario ni del Ministerio del Interior, Justicia y Paz sobre la situación reportada en Bello Monte.
Las autoridades tampoco han confirmado de forma pública los detalles del operativo ni la identidad del funcionario señalado en las denuncias vecinales.
Con información de Alberto News
