Transparencia Venezuela cuestiona la lista de 561 aspirantes al TSJ en vísperas de iniciar el diálogo entre el oficialismo y la oposición. La organización no gubernamental Transparencia Venezuela cuestionó severamente los perfiles de diversos postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras revisar minuciosamente la lista de 561 aspirantes inscritos en el proceso de renovación del máximo tribunal del país.
Ciertamente, las objeciones presentadas por la ONG surgen en las vísperas de las conversaciones fijadas para este sábado, 1 de agosto, entre voceros de la Asamblea Nacional de 2015 y la directiva parlamentaria presidida por Jorge Rodríguez.
Candidaturas señaladas, perfiles militares y rectores del electoral
Al respecto, la ONG enfatizó la presencia de figuras controvertidas entre los aspirantes, señalando al magistrado emérito Juan José Mendoza —integrante de la Sala Constitucional entre 2010 y 2022— por sus presuntos vínculos cercanos con Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Por consiguiente, el monitoreo también encendió alarmas por la postulación de Marjorie Calderón, asociada al grupo de «magistrados exprés» designados en 2014, y del abogado Luis Ortiz Hernández, quien denunció en 2016 su jubilación forzada para ceder plazas en el tribunal. Sin embargo, la inclusión de funcionarios de otros poderes públicos, como la rectora del CNE Aime Nogal Méndez —quien avaló los resultados de las presidenciales de 2024 a pesar de la ausencia de actas oficiales—, incrementó los cuestionamientos. Además, el escrutinio sobre el sistema de justicia moviliza a la sociedad en Venezuela.
«Será cuando exista una Asamblea Nacional electa en comicios libres y transparentes cuando se pueda exigir un proceso abierto, se realicen evaluaciones de credenciales y se diseñen mecanismos que permitan confiar en el Poder Judicial», sentenció Transparencia Venezuela.
Efectivamente, el informe técnico identificó candidaturas provenientes del sector militar de alto rango, como el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, anterior titular de la Corte Marcial (2021-2024) y responsable de causas contra civiles en 2017, así como el capitán de navío Ramón Clemente Pires, quien dirigió el proceso contra el exministro Raúl Isaías Baduel. Por este motivo, la presencia de estos perfiles genera desconfianza en la imparcialidad de los fallos. Por otro lado, la investigación resaltó la postulación de familiares del diputado Pedro Carreño: su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y su sobrina, la parlamentaria Carolina García Carreño.
Postulaciones de exfiscales, exjueces y condiciones institucionales
La lista final incorpora a exjueces y exfiscales sancionados en el exterior o removidos tras severos cuestionamientos institucionales. Por esa razón, la ONG destacó los casos de Katherine Harrington; Zinnia Briceño Monasterios, acusada de coaccionar a jueces en el caso Afiuni; Gilberto Landaeta, apartado de las investigaciones por el homicidio del fiscal Danilo Anderson; y Dinorah Bustamante, quien imputó a los dirigentes Juan Requesens y Roberto Marrero.
Exigencia de garantías electorales y parlamentarias
Por otra parte, la organización sostuvo firmemente que la reestructuración integral del Poder Judicial solo debe ejecutarse bajo la conducción de una Asamblea Nacional legitimada mediante elecciones libres, transparentes y justas. Ciertamente, Transparencia Venezuela reiteró que únicamente un proceso con evaluación rigurosa de credenciales garantizará la confianza ciudadana. No obstante, los sectores políticos mantienen la expectativa sobre los avances del diálogo parlamentario.
Los acercamientos pactados entre las delegaciones parlamentarias definirán el rumbo del proceso de selección de magistrados durante los próximos días.
Con información de Caraota Digital
