Francis Gabriela Tineo
Valencia, 9 de noviembre de 2023. Trabajadores activos, jubilados y pensionados de Carabobo protestaron en la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga de Valencia, luego de que les impidieran el paso a Caracas la mañana de este jueves.
José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de Carabobo (AEUC), explicó que la intención era asistir a la Gran Marcha Nacional de Trabajadores en la ciudad capital, para exigir el respeto de derechos laborales como el salario digno, las prestaciones sociales, las convenciones colectivas y la liberación de los presos sindicales.
“En el camino fuimos detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el peaje de Guacara, y para evitar situaciones que alteraran la condición de quienes nos acompañaban, decidimos venirnos a la Inspectoría a entregar el documento que íbamos a entregar en Caracas”, detalló.
El profesor universitario indicó que los funcionarios no proporcionaron ningún motivo válido para la detención de los protestantes, y calificó la acción de “inconstitucional”, por impedir el libre tránsito y el derecho a la protesta cívica y pacífica. “Ningún argumento de la Guardia Nacional fue suficiente, pero nosotros aprovechamos y protestamos en el peaje y luego regresamos a Valencia.
Los trabajadores lamentaron no poder asistir e hicieron un llamados las autoridades regionales y nacionales, incluyendo a los cuerpos de seguridad, a no volver a impedir las manifestaciones pacíficas. “Queremos ratificar nuestra convicción de seguir adelante con nuestras lucha laboral de calle”, destacó.
Finalmente Jiménez informó que en el documento introducido se exige: el aumento general de sueldos, salarios y pensiones; el pago íntegro y no fraccionado de los aguinaldos, recalculados con el aumento salarial; la eliminación del instructivo Onapre y del Memorándum 2792; el reinicio de las convenciones colectivas vencidas, tanto el sector público como privado; el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT; la libertad plena para todos los dirigentes sociales y sindicales; y el cese del hostigamiento, persecución, judicialización y criminalización de la justa y legítima protesta.
