SOS Orinoco alerta sobre la consolidación de una «gobernanza criminal» impuesta por 26 grupos armados en el 95 % de los municipios del sur de Venezuela e insta a su desmantelamiento. La organización no gubernamental SOS Orinoco presentó un exhaustivo informe en el que documentó la operatividad de al menos 26 Grupos Armados Organizados (GAO) en la franja sur del territorio nacional, advirtiendo sobre el afianzamiento de una «gobernanza criminal híbrida» en los yacimientos mineros de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el territorio Esequibo. El estudio titulado «Grupos Armados Organizados (GAO) en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela: situación al 2026» sostiene que estas redes irregulares no solo monopolizan el negocio del oro y minerales estratégicos, sino que suplantan las funciones del Estado en la vida social comunitaria.
Despliegue territorial, facciones armadas y sustitución de funciones estatales
Al respecto, los datos compilados por la ONG revelan que la incursión violenta se documentó en 20 de los 21 municipios evaluados al sur del río Orinoco, abarcando el 95 % del espacio geográfico analizado. Por consiguiente, mientras Amazonas y Delta Amacuro registran presencia irregular en la totalidad de sus jurisdicciones, en el estado Bolívar las actividades ilícitas se confirman en nueve de sus diez municipios. Sin embargo, el informe señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como los actores de mayor alcance, al operar en 16 municipios (76,1 % del área).
Efectivamente, la investigación identifica un ecosistema criminal integrado por la Organización 3R, el Sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas cooptados y bandas locales. Por este motivo, el cobro de «vacunas» y el control directo de la extracción de oro, coltán y diamantes sostienen el aparato financiero de estos colectivos. Por otro lado, la imposición de normas de convivencia y la suplantación de servicios básicos agravan la erosión de las instituciones en la región.
Pérdida de soberanía, daño ambiental y justicia transicional
Extracción de minerales y vulneración de derechos
La investigación subraya que la consolidación de estos feudos armados ha derivado en una cesión de control sobre zonas estratégicas de la geografía nacional. Por esa razón, las presuntas violaciones de derechos humanos y el ecocidio derivado de la minería ilegal demandan diagnósticos actualizados.
Recomendaciones para la transición democrática
Por otra parte, SOS Orinoco precisó que el documento no solo busca visibilizar las redes de corrupción asociadas al extractivismo, sino ofrecer recomendaciones técnicas para el desmantelamiento de las bandas en un futuro escenario de transición democrática y justicia transicional. Ciertamente, la restitución del Estado de derecho en las zonas mineras resulta indispensable para garantizar la paz social. No obstante, las organizaciones defensoras de derechos humanos continuarán documentando los atropellos contra las poblaciones originarias.
El diagnóstico presentado por la ONG establece la urgencia de diseñar políticas integrales de seguridad y conservación ambiental para detener el avance de los grupos armados en el sur del país.
Con información de La Patilla
