El movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa ha decidido escalar su conflicto con el sistema judicial ecuatoriano al ámbito internacional. Se anunció que una delegación de la Revolución Ciudadana (RC) viajará a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar formalmente una ruptura democrática en Ecuador. La presidenta de la agrupación, Gabriela Rivadeneira, afirmó en rueda de prensa desde Guayaquil que el país atraviesa una «laceración del sistema democrático» y que es necesario que el organismo regional se pronuncie de manera contundente sobre la situación política interna.
La principal queja del movimiento se centra en la reciente suspensión de la RC por un periodo de nueve meses, dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Al argumentar que existe una ruptura democrática en Ecuador, los dirigentes correístas sostienen que esta medida, basada en una investigación fiscal por presunto lavado de dinero denominada «Caja Chica», es una maniobra para impedir su participación en los próximos procesos electorales. El caso involucra a figuras clave como Luisa González y el propio Correa, a quienes se les investiga por el presunto ingreso de fondos ilícitos para el financiamiento de campañas pasadas.
Para el correísmo, las acciones judiciales y administrativas configuran un escenario de persecución que limita el pluralismo político en la nación andina. El hecho de que denuncien una ruptura democrática en Ecuador ante la OEA busca activar la Carta Democrática Interamericana, bajo la premisa de que se están vulnerando los derechos de participación de una de las fuerzas políticas más grandes del país. Mientras la delegación prepara su viaje para la próxima semana, el Gobierno y los entes judiciales defienden la independencia de los poderes y aseguran que los procesos en curso responden estrictamente al cumplimiento de las leyes de control financiero y transparencia.
Con información de Alberto News / EFE
