El Impulso- Caracas, 18 de octubre de 2023. «El país ha transitado por niveles de pobreza y desigualdad que alcanzaron máximos históricos por ingresos durante 2019 – 2021», advirtió la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) en un comunicado de prensa este 17 de octubre.
«Mientras avanzó la gestión de Nicolás Maduro, el deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos creció, dando un salto significativo a la desigualdad e inequidad, aunque hubo una leve disminución de la pobreza en 2022», agrega la asociación civil.
Estas denuncias se enmarcan en el contexto que ofrece el Banco Mundial: si bien la cantidad de personas que recibían un ingreso menor a 2,15 dólares diarios estaba disminuyendo durante 25 años, «la pobreza aumentó debido a las alteraciones causadas por la crisis de la Covid-19 y los efectos de los conflictos y el cambio climático, que ya habían estado desacelerando la reducción de la pobreza».
Pero, para Provea, Venezuela siempre estuvo fuera de esa tendencia mundial, siempre aumentaba la desigualdad y la pobreza en la población debido a las políticas públicas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La mayor desigualdad de la región
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la población más rica del país tiene un ingreso individual 70 veces más alto que la población pobre: mientras unos reciben 7,9 dólares mensuales, otros reciben hasta 552,2 dólares.
Pero la gran mayoría se encuentra en el grado de la pobreza. La Encovi estima que 8 de cada 10 venezolanos no tiene ingresos suficientes para adquirir la cesta básica alimentaria.
«Con base en la data del Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS) se observó que en el 2013 el salario mínimo significaba el 49,32% del valor de la Canasta Alimentaria Familiar y en comparación con agosto 2023 se muestra un desplome en su poder de compra. En este contexto, el CENDAS publicó el valor de la Canasta Alimentaria Familiar correspondiente a agosto 2023, la cual alcanzó el valor de 491 dólares, mostrando que el salario mínimo en Venezuela (de 130 bolívares o 3,73 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela) no compra el 1% de la CAF, el mismo no permite adquirir los bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas a los trabajadores, jubilados y pensionados», agrega Provea.
Estadísticamente, la desigualdad de un país se mide por el Índice de Gini, que evalúa la relación entre la cantidad de población que tiene una nación y la distribución de los ingresos. Si el índice tiene un valor cercano a uno, más desigual es el país. En el caso de Venezuela, el índice de Gini es de 0,603 unidades, el más alto de la región latinoamericana.
Sin datos ni salarios
«En el Plan de la Patria 2019-2025, el oficialismo se trazó la meta de alcanzar 0% de pobreza extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas, esta vez, para 2025. Pero, convenientemente, en 2016, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejó de publicar las cifras de pobreza por Línea de Ingreso (LN) y sólo se publicó -hasta noviembre de 2019- los índices de pobreza en hogares por Necesidades Básicas Insatisfechas», denunció la ONG.
La administración pública de Nicolás Maduro tiene más de un año sin aumentar el sueldo mínimo, en un contexto donde la inflación supera los 30 puntos porcentuales mensualmente, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
«La escolaridad o la prosecución de los estudios son temas en discusión, ya que el precario ingreso familiar apenas alcanza, en el mejor de los casos, para comer», dijo Provea.
En 2013, Maduro activó un mecanismo político llamado Plan de la Patria (2013-2019), donde le prometía a la población venezolana que el país tendría un Índice de Desarrollo Humano de 0,800, un 15% de pobreza general y 0% en pobreza extrema para el año 2019. Pero no se logró.
Ahora existe otro Plan de la Patria que prevé para el 2025 lograr los mismos objetivos. A dos años del límite impuesto, la ONG estima que no se logre la restitución de los derechos humanos.
«Los compromisos asumidos por el Estado venezolano en la Declaración de Nuevo León de 2004, dirigidos a la búsqueda del crecimiento económico sostenido y equitativo “que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población”, se han convertido en letra muerta», concluyó Provea.
