Proponen hoja de ruta para una minería transparente y sostenible en Venezuela. Especialistas en derecho y gobernanza presentaron una propuesta integral para transformar la minería venezolana y convertirla en un modelo económico “transparente, competitivo y sostenible”, durante un foro organizado este jueves por la plataforma IDEAS para Venezuela.
El encuentro, coordinado por el ingeniero Elías Matta, se centró en las enormes deficiencias regulatorias del sector, a las cuales las expertas asistentes calificaron como una “anarquía normativa” que solo puede superarse con una reforma profunda del marco jurídico minero.
Proponen hoja de ruta para una minería transparente y sostenible en Venezuela
Las ponentes principales, la abogada especialista en Derecho Minero Martha Acosta y la magíster en Estrategia y Gobernanza Verónica Barboza, coincidieron en la necesidad de crear una Agencia Nacional de Gestión y Administración Minera (ANGAM).
Este organismo autónomo tendría la responsabilidad de gestionar y administrar los derechos mineros, coordinar un Registro Público Minero y un Catastro Nacional, y separar funciones de regulación (a cargo de la Agencia) y de fiscalización (correspondiente al Ministerio), eliminando la discrecionalidad actual.
Barboza subrayó que el país debería migrar de una visión contratualista puntual a un modelo sistémico, con estándares internacionales como ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y UNFC 2019 para atraer inversiones responsables.
Seguridad jurídica e incentivos para inversión
La propuesta de Acosta incluye un proyecto de Ley Orgánica de Minas que unifique normas dispersas, eliminando distinciones entre “minerales estratégicos” y otros recursos para ofrecer un trato uniforme y predecible.
Entre los incentivos planteados figuran títulos mineros de hasta 30 años, prorrogables a 60 años, un sistema de canon y regalías fijas, y requisitos basados en capacidad técnica y financiera para limitar áreas ociosas.
Sostenibilidad y combate a la ilegalidad
El foro abordó también la crisis ambiental derivada de la minería ilegal. Las expertas propusieron la obligatoriedad de planes de cierre progresivo de minas, fianzas ambientales que garanticen la recuperación de ecosistemas y sanciones severas para frenar la extracción ilícita de minerales.
También se planteó una vía de regularización para la minería artesanal y de pequeña escala con límites territoriales y supervisión técnica rigurosa.
Potencial económico del sector
En su intervención de clausura, Matta lamentó que la actual anarquía normativa impida que los recursos mineros contribuyan significativamente al fisco venezolano, ya que una gran parte se desvía por “caminos oscuros” sin generar beneficios para la población.
Sin embargo, estimó que, si Venezuela transita hacia un modelo moderno y transparente, la minería podría aportar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares anuales al Estado, impulsando el desarrollo del país.
El foro representa un impulso para replantear la política minera nacional en un momento en que el país debate cómo ordenar un sector marcado por desafíos regulatorios, ambientales y sociales.
