Maracaibo, 23 de noviembre de 2023. El problema no es nuevo. El pasado mes de agosto, los productores primarios de la palma aceitera en la subregión zuliana Sur del Lago, específicamente de los municipios Jesús María Semprúm y Catatumbo, se reunieron con representante de la administración de Nicolás Maduro para fijar nuevos precios al corozo -nombre del fruto de donde se extrae el aceite y demás derivados-. En esa oportunidad, quedaron que mensualmente revisarían los cálculos de producción para estar acorde a los precios que considerarán ganancias para ambos sectores.
Sin embargo, parece que el trato se estancó. El pasado 20 de noviembre, las asociaciones civiles Asopafront, Profrontera, Confagan y Consejo Comunal Palmeras Diana, hicieron público un comunicado en el que rechazaban el incumplimiento de los acuerdos. Asimismo, señalaron en la necesidad de una «intervención urgente» para investigar a las plantas extractoras -compañías destinadas para comprar el fruto, procesarlo y remitirlo, posteriormente, a las plantas refinadoras que terminarán envasando los diversos productos que salen del rubro palmero-.
Entre la solicitud que realizaron por escrito, estaba la exigencia en la subida del precio del corozo por tonelada. «El precio bajó y es pagado por las plantas extractoras a los productores de su fruta fresca, quienes en el mes de octubre y noviembre de 2023 recibieron un pago equivalente entre el 15,4 % (correspondiente a 160 dólares por tonelada) y 16,4 % (170 dólares por tonelada) del precio del aceite, fijado por el conglomerado de oleaginosas por un valor de un mil treinta y cinco dólares, cuando debería ser del 17 % -un valor del 175,9 % dólares por tonelada. Esto implica una diferencia muy por debajo del precio real», reseña parte del comunicado.

El segundo punto de petitorios sería por el retraso del pago. «El retraso en el pago por parte de las plantas extractoras a los
productores, por cuanto transcurren hasta dos (02) semanas para efectuarlo. Razón por la cual los productores no arriman la totalidad de su producción a estas plantas extractoras, por cuanto tienen que buscar otra alterativa para recibir el dinero y honrar sus compromisos en particular», fijaron.
Para finalizar, rechazaron la utilización de terceras personas no oficiales para la adquisición del fruto por un costo menor la indicado anteriormente. «Utilizan los servicios de personas, quienes actúan como operadores de los empresarios privados comprando fruta más barata a los productores (…) Del mismo modo, utilizan productores independientes quienes también actúan como operadores, comprando fruta barata a los productores».
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