Presidente de Colombia ordena recortar los esquemas de escoltas de la UNP y advierte que retirará la protección a quienes denuncien amenazas sin justificación. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó revisar de inmediato la totalidad de los esquemas de protección personal que financia el Estado para retirar aquellos que carezcan de justificación técnica demostrable este viernes 16 de octubre de 2026.
El jefe de Estado recorrió las instalaciones del Ministerio del Interior para emitir la directriz de forma directa ante los directivos de esa cartera, enfatizando que ningún rango o cercanía política impedirá el desmonte de las medidas superfluas.
Dicha disposición impacta directamente en las dependencias de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad responsable de estudiar los mapas de amenaza y brindar resguardo a ciudadanos en situación de peligro inminente por sus actividades públicas.
Directriz tajante en el Ministerio del Interior y advertencia de recortes
El mandatario colombiano expuso los criterios operativos que guiarán la fiscalización interna en el despacho ministerial:
- Abelardo de la Espriella advirtió que no tolerará privilegios injustificados dentro del aparato estatal: «No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario».
- La medida forma parte de un plan económico integral que persigue achicar las erogaciones innecesarias del presupuesto nacional.
- La instrucción compromete a los analistas de la cartera interior a verificar la vigencia real de los riesgos que dieron origen a cada vehículo y agente asignado.
- El Ejecutivo ordenó retirar los vehículos blindados y los agentes de custodia a quienes no acrediten una situación de peligro inminente ante los evaluadores técnicos.
En tal sentido, los equipos jurídicos del Gobierno colombiano redactan los instructivos administrativos para iniciar las notificaciones de retiro en las próximas jornadas.
A este respecto, diversos expertos en seguridad pública recuerdan que los esquemas de vigilancia personalizada consumen cuantiosos fondos operativos que hacen falta en las patrullas policiales urbanas.
Aunado a esto, las organizaciones ciudadanas apoyan la fiscalización de las camionetas oficiales para evitar el uso indebido de bienes públicos en tareas ajenas a la protección.
Asimismo, los funcionarios de la tesorería nacional esperan que la suspensión de contratos de alquiler de carros blindados genere un alivio sustancial a las arcas republicanas.
La misión de la UNP bajo la lupa del mandatario
Pérdida de rumbo institucional y denuncias bajo sospecha
Por otra parte, De la Espriella lanzó un severo diagnóstico sobre el funcionamiento que arrastra el órgano de salvaguarda ciudadana.
El presidente colombiano sentenció que la misión original de la UNP «se ha desnaturalizado» con el paso de los años al alejarse de su verdadero propósito técnico.
El dignatario reprochó que diversos solicitantes consigan guardaespaldas y automóviles oficiales tras presentar acusaciones de hostigamiento carentes de sustento comprobable.
Dicho mecanismo permitió, según la denuncia presidencial, que particulares sin factores objetivos de riesgo disfruten de prerrogativas a costa del dinero de los contribuyentes.
La institución estatal tiene el deber legal de coordinar medidas de seguridad exclusivamente para individuos bajo amenaza cierta por labores comunitarias, liderazgos sociales, activismo político, ejercicio del periodismo o defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, los auditores de la presidencia cruzarán los expedientes de la UNP con los reportes de inteligencia judicial para detectar inconsistencias en las asignaciones previas.
De igual manera, los defensores de líderes sociales exigen que el proceso de depuración no desampare a los defensores comunitarios que enfrentan peligro real en las zonas rurales.
Expectativa por los resultados del desmonte
Por añadidura, el anuncio oficial genera incertidumbre entre los centenares de beneficiarios que actualmente gozan de protección oficial en el territorio neogranadino.
Los mandos de la UNP preparan mesas técnicas para revisar caso por caso los niveles de riesgo de cada dirigente y funcionario beneficiado.
Dicha revisión determinará qué esquemas pasarán a retiro definitivo y cuáles conservarán el apoyo logístico del Estado.
Por otro lado, los sectores políticos de oposición vigilan que la revisión no responda a sesgos ideológicos sino a criterios de vulnerabilidad comprobada.
De modo que la orden de De la Espriella, la advertencia contra custodias sin fundamento, el señalamiento a la UNP y el plan de ahorro fiscal definen una jornada de fuertes decisiones en Bogotá.
Con información de EFE
