Plataforma Unitaria Democrática rechaza la reforma a la ley contra el odio planteada por Delcy Rodríguez y exige eliminar por completo el instrumento de sanción. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó este miércoles 30 de septiembre de 2026 su enérgico rechazo a la solicitud que formuló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, orientada a reformar la cuestionada ley contra el odio.
La coalición opositora descartó cualquier ajuste parcial al texto normativo y demandó, en su lugar, la derogación inmediata y total de la legislación.
Rechazo a modificaciones cosméticas y condena a la persecución
El bloque opositor fijó su posición institucional mediante un manifiesto público difundido a través de sus canales de comunicación formal.
La dirección colegiada de la coalición calificó de inaceptable la intención de enmendar un instrumento jurídico que vulnera la carta magna:
«Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito».
En tal sentido, los representantes de la alianza subrayaron que las autoridades utilizaron este compendio legal para acallar voces disidentes y restringir derechos esenciales de la población.
A este respecto, el conglomerado partidista enfatizó que la sociedad venezolana no requiere una versión matizada o corregida de una herramienta orientada al castigo de la opinión política.
Asimismo, los voceros insistieron en que los poderes públicos deben desmontar por completo la arquitectura jurídica que permite al Estado procesar penalmente a quienes expresan ideas contrarias al oficialismo.
Aunado a esto, diversas organizaciones gremiales y colegios profesionales coinciden con la alianza en que la norma bloquea el trabajo periodístico y el libre flujo informativo.
Desmontaje de la represión y restitución del Estado de derecho
Defensa irrestricta de la libertad de expresión
Por otra parte, el pronunciamiento de la Plataforma Unitaria remarca que el ejercicio del criterio propio jamás debe acarrear amenazas carcelarias.
La alianza opositora defendió la vigencia universal de la libre difusión de ideas como pilar de cualquier convivencia social:
«La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta».
- El documento rechaza que los tribunales apliquen castigos a quienes cuestionan las políticas gubernamentales.
- La dirigencia recalca que la prensa independiente requiere garantías diáfanas para investigar y reportar sin censura previa.
- La oposición descarta participar en debates parlamentarios que busquen legitimar instrumentos sancionatorios.
En consecuencia, los factores democráticos apuestan por anular de plano las figuras delictivas ambiguas que facilitan detenciones injustificadas.
De igual manera, activistas de derechos humanos respaldan la solicitud al considerar que la ley vigente anula la deliberación pública.
Camino hacia las garantías democráticas plenas
Por añadidura, la alianza concluyó su manifiesto vinculando la eliminación del marco punitivo con el rescate institucional del país.
La plataforma sostuvo que dejar sin efecto la ley representará una señal tangible para devolver la confianza jurídica a la ciudadanía:
El liderazgo opositor indicó que la derogación formal constituirá un paso concreto y necesario hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y la consolidación de las garantías democráticas para toda la población.
Por otro lado, los juristas del bloque preparan informes técnicos para fundamentar ante instancias internacionales el impacto lesivo de este tipo de ordenanzas.
De modo que el debate sobre el marco legal abre un nuevo capítulo de confrontación discursiva entre el Ejecutivo y las fuerzas que adversan al gobierno.
Con información de EFE
