El País – Caracas, 27 de octubre de 2022. La nueva relación entre Colombia y Venezuela pasa también por plantearle algunas exigencias a Caracas. Según confirmaron fuentes gubernamentales a El País, el presidente Gustavo Petro le ha pedido formalmente a Nicolás Maduro que regrese al sistema de justicia interamericano, un organismo internacional al que podían recurrir las víctimas venezolanas que no habían recibido un juicio justo en los tribunales locales. El comandante Hugo Chávez forzó su salida en 2013, después de que la propia institución denunciara el deterioro de la democracia en Venezuela.
Petro desea ahora que Maduro dé marcha atrás y permita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelva a tener jurisdicción sobre Venezuela. Supondría devolver al Gobierno chavista a una supervisión internacional y sería, de paso, un gesto hacia Estados Unidos, que observa con algunos recelos el acercamiento entre los países vecinos. Los funcionarios norteamericanos no están cerrados a construir una nueva relación con el Gobierno chavista, después de años de bloqueo, pero consideran que Maduro no ha dado los pasos suficientes para encontrar una salida a la grave crisis política y social que vive el país desde hace siete años. Integrarse en el sistema de justicia y derechos humanos de los países de su entorno se interpretaría como una muestra de voluntad en ese sentido
El presidente Petro prueba incluso desde que era candidato una nueva diplomacia con Caracas. Los dos países vivían de espaldas uno del otro desde 2019, cuando Iván Duque decidió apoyar a Juan Guaidó, un presidente alternativo a Venezuela. Petro considera, como muchos empresarios de un lado y otro, que la falta de comunicación no era beneficiosa para nadie. Abrirse a tender puentes con Maduro implica para él correr algunos riesgos, pues por su pasado guerrillero y la relación que entabló con Chávez sus enemigos a menudo lo tratan de dibujar como un gobernante autoritario. A su modo de ver, no será Colombia la que siga el camino del chavismo, sino Venezuela la que regrese a la democracia y las instituciones internacionales. EE UU también confía en que el presidente colombiano haga de puente para que el Gobierno chavista regrese a la mesa de diálogo con la oposición en México, donde se trataba de llegar a un acuerdo para organizar unas elecciones presidenciales en 2024 en las que la oposición tenga opciones reales de ganar.
Washington estará vigilante. El presidente Joe Biden ha tenido acercamientos con Maduro en los últimos meses, sobre todo para buscar una alternativa energética al gas ruso a raíz de la invasión de Ucrania. Pero por ahora no está por la labor de levantar las sanciones al chavismo. Estaba previsto que el lunes la aerolínea estatal venezolana, Conviasa, empezara a cubrir la ruta Bogotá-Caracas. Los burócratas colombianos pensaban que bastaba con que la empresa no repostara en territorio colombiano para respetar las sanciones, pero EE UU no ha ofrecido ninguna concesión y ha amenazado con actuar contra cualquier compañía que facilite los vuelos de Conviasa. Por ahora, su operación ha quedado suspendida y los dos Gobiernos trabajan a última hora para encontrar alguna aerolínea que pudiera reemplazarla. Como segunda opción aparece Turpial Airlines. Ese primer vuelo entre Caracas y Bogotá está cargado de simbolismo.
El desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos empezó en 2010. Entonces la CIDH presentó un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en Venezuela. “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”, dijo Chávez en febrero de 2010 y ordenó a su Cancillería preparar la retirada. No llegó a ver la retirada, pues murió en 2013. El último paso lo ejecutó el propio Maduro.
La CIDH es el organismo responsable de recomendar y promover el respeto de los derechos humanos por parte de los Estados miembro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se encarga de juzgar a los gobiernos cuando los informes no son suficientes o no han hecho caso a las recomendaciones. El sistema tiene una comisión como filtro previo para la Corte, que queda en Washington. Allí también se encuentra la OEA, que es la institución principal de todo el sistema interamericano que Chavez denunció.
Venezuela, hasta el momento de su retirada, tenía 16 sentencias en contra. Por ejemplo, por su responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de militares en 1988 o por la represión en la revuelta popular, diez años después, conocida como El Caracazo. En todo caso, la Corte IDH había sido el único tribunal que ha juzgado y condenado las violaciones más sonoras a los derechos humanos ocurridas en Venezuela. Petro quiere que eso vuelva a ser así. Maduro tiene ahora la última palabra.
