Valencia, 18 de octubre de 2026-. El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la dirigencia opositora, advirtió que la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia no elimina los tribunales de terrorismo. El jurista aclaró que la medida judicial únicamente redistribuye las atribuciones territoriales de dichos órganos procesales en el país.
A través de sus canales oficiales, Rocha sostuvo que la competencia en materia de delitos de terrorismo permanece intacta. El especialista en derecho calificó la decisión administrativa como inconstitucional por carecer de fundamento legal adecuado.
Perkins Rocha advirtió que la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia no elimina los tribunales de terrorismo
Según el análisis presentado por el abogado, la resolución establece que los tribunales de instancia ordinarios en las veinticuatro entidades federales ejercerán las funciones de control. Estos juzgados asumirán el inicio de las causas penales en sus respectivas jurisdicciones regionales.
Sin embargo, la fase de juicio continuará totalmente centralizada en cuatro órganos jurisdiccionales con sede fija en la ciudad de Caracas. Rocha enfatizó que esta reorganización no desmantela la estructura judicial, sino que conserva los mecanismos de procesamiento vigentes.
El jurista advirtió que calificar la modificación como una supresión de estos despachos genera una percepción errónea en la opinión pública. A su juicio, la medida busca adaptar el sistema para mantener causas penales en curso ante posibles eventos electorales.
Denuncia de persecución política y exigencia de garantías democráticas
El asesor jurídico vinculó el funcionamiento de esta estructura procesal con la persecución contra dirigentes políticos, activistas y ciudadanos disidentes. Rocha denunció que las acusaciones de terrorismo se han empleado de forma sistemática para procesar a quienes defienden los resultados de los comicios de 2024.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a mantener la presión cívica para exigir la derogación definitiva de estas competencias judiciales especiales. El jurista concluyó que no podrá hablarse de elecciones libres en la nación mientras persista la privación de libertad por motivos políticos.
