Valencia, 20 de mayo de 2026-. Pedro Sánchez expresó solidaridad con Rodríguez Zapatero. Zapatero imputado por caso Plus Ultra marca un hecho sin precedentes en la política española reciente, al tratarse de la primera investigación judicial a un expresidente en democracia.
La Audiencia Nacional decidió imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
El caso se relaciona con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021 durante la pandemia.
Investigación y presunta trama
Según el auto judicial, el expresidente sería el “vértice” de una estructura organizada. Esta red habría influido en decisiones administrativas para obtener beneficios económicos.
La investigación apunta a una supuesta red de empresas vinculadas. Estas habrían canalizado fondos hacia el entorno de Zapatero y otros implicados.
El rescate a Plus Ultra ascendió a 53 millones de euros. Fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además, se investigan presuntas comisiones cercanas a dos millones de euros. Estas podrían haber sido recibidas por empresas relacionadas con el entorno del expresidente.
El documento judicial, de 85 páginas, detalla los roles de los implicados. También describe los mecanismos utilizados en la presunta trama.
Declaraciones y defensa
Tras conocerse la decisión, Zapatero negó cualquier irregularidad. Aseguró que nunca intervino en gestiones públicas relacionadas con el rescate.
“Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública”, afirmó el exmandatario en declaraciones difundidas a medios.
Por su parte, el Gobierno expresó respaldo institucional. El presidente Pedro Sánchez pidió respetar la presunción de inocencia.
“Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo”, declaró el jefe del Ejecutivo.
La comparecencia de Zapatero está prevista para el 2 de junio de 2026. Ese día deberá declarar ante la Audiencia Nacional.
Impacto político e institucional
El caso Zapatero imputado por caso Plus Ultra ha generado un amplio debate en España. Analistas consideran que puede afectar la confianza en las instituciones.
También se han realizado cuatro registros simultáneos en Madrid. Entre ellos, el despacho del expresidente y empresas vinculadas a su entorno.
Este proceso judicial se produce en un contexto de alta sensibilidad política. Diversos sectores han pedido transparencia en la investigación.
