Pablo Pérez culmina las entrevistas a 127 aspirantes de la sociedad civil y la Asamblea Nacional recibe el informe final para elegir a los 12 evaluadores del Poder Judicial. El vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Pablo Pérez, anunció la culminación exitosa de las entrevistas a 127 postulados de la sociedad civil y confirmó la presentación del informe definitivo ante la plenaria de la Asamblea Nacional este 15 de octubre de 2026.
Dicha entrega parlamentaria persigue la elección formal de los 12 delegados sociales que integrarán la estructura mixta responsable de evaluar a los futuros magistrados y operadores de justicia.
El legislador resaltó que el proceso reunió un abanico diverso de profesionales que enriquecerá el debate institucional.
Pluralidad ciudadana y el debate en la plenaria legislativa
El dirigente parlamentario pormenorizó los resultados del proceso evaluatorio y la heterogeneidad de los participantes:
- La comisión concluyó la ronda de comparecencias orales tras interrogar de manera directa a los 127 ciudadanos inscritos.
- Pablo Pérez destacó el carácter «variopinto» y plural de los aspirantes, celebrando la intervención de educadores, maestros, profesionales de la enfermería, politólogos y abogados.
- El equipo técnico cerró la redacción del documento conclusivo este mismo 15 de octubre para someterlo a votación inmediata en la plenaria del Parlamento.
- El pleno legislativo escogerá a los 12 representantes definitivos que asumirán la representación de las organizaciones comunitarias en el comité evaluador.
En tal sentido, las distintas fracciones políticas revisan las hojas de vida para garantizar un consenso representativo durante la sesión plenaria.
A este respecto, diversos juristas subrayan que la participación de gremios no jurídicos aporta una visión social indispensable al diagnóstico de los tribunales.
Aunado a esto, las organizaciones civiles que postularon a sus miembros aguardan con expectativa la votación de la lista para vigilar la transparencia de las designaciones.
Asimismo, los diputados comisionados aceleran las revisiones de antecedentes para descartar incompatibilidades de carácter partidista en los expedientes presentados.
Indudablemente, el seguimiento a los partes y reportes que emiten las comisiones parlamentarias sobre designaciones públicas es noticia en la cobertura de política.
Estructura unificada de 23 miembros y baremo previo de méritos
Trabajo conjunto y publicación de normas evaluatorias
Por otra parte, Pérez definió la metodología operativa que regirá el funcionamiento del cuerpo colegiado:
El diputado propuso que los siete juristas y los 23 integrantes totales del Comité de Postulaciones Judiciales trabajen en bloque para analizar cada expediente con absoluta exhaustividad.
La instancia parlamentaria agrupará de manera paritaria a 11 diputados principales y a los 12 voceros electos de los movimientos sociales.
El comité tiene la obligación de estructurar y publicar previamente un baremo técnico para calificar los atestados académicos y el desenvolvimiento en las entrevistas.
Dicho instrumento garantizará que la ponderación de los aspirantes responda a criterios científicos comprobables y libres de discrecionalidades.
En consecuencia, los equipos asesores preparan las matrices de puntuación para tabular la experiencia profesional de cada postulante.
De igual manera, los decanatos universitarios y colegios de profesionales ofrecen apoyo técnico para auditar la rigurosidad de los exámenes de ingreso.
Participación activa más allá de las leyes
Por añadidura, el parlamentario reivindicó el protagonismo popular en la reconstrucción del aparato de justicia:
Pérez defendió enérgicamente la presencia de sectores ajenos a los bufetes tradicionales al argumentar con contundencia: «la sociedad civil no solamente somos los abogados; no somos los dueños del Poder Judicial, somos parte activa del sistema».
Dicha postura busca democratizar la vigilancia sobre los juzgados y romper corporativismos históricos dentro de las judicaturas.
Por otro lado, los sectores académicos respaldan la inclusión de docentes y trabajadores de la salud como garantes de la sensibilidad humana en la administración judicial.
De modo que los 127 entrevistados, el informe entregado este 15 de octubre, los 12 cupos definitivos y la exigencia del baremo público impulsan la agenda del Palacio Federal Legislativo.
Con información de Alberto News
