Versión Final – Caracas, 26 de agosto de 2023. Un total de tres ONG venezolanas dudan que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), elegido el jueves por el Parlamento, sea imparcial e independiente, al tener como miembros a personas afines a partidos políticos, entre ellos el actual contralor general, Elvis Amoroso, a quienes responsabilizan de inhabilitaciones a opositores.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, indicó durante una entrevista a EFE que «no se entiende cómo quien estuvo inhabilitando candidatos hasta el día anterior a su nombramiento ahora vaya a ser un arbitro imparcial e independiente», en referencia a Amoroso, una de las cinco principales autoridades del nuevo ente electoral, de las cuales tres son chavistas y dos opositoras.
«El propósito de buscar un CNE que, para muchos, sea evidentemente parcial se logró. Nos negamos a celebrar el hecho de que, de una manera descarada, se diga que el CNE quedó 3-2, como si eso fuera lo que debería ser, cuando, en realidad, la norma constitucional dice que todos deberían ser imparciales e independientes», aseguró Daniels.
De acuerdo con EFE, el coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, expresó, a través de X (antes Twitter), que la «dictadura impone su arbitrariedad e inconstitucionalidad» con un CNE «que no es independiente ni brinda confianza».
Por su parte, la ONG Súmate señaló que «cuatro de los cinco rectores principales» del ente «están vinculados a organizaciones con fines políticos», lo que está prohibido en el artículo 296 de la Constitución, así como en el artículo 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que establece uno de los requisitos es no tener vinculación política con ninguna entidad.
Los miembros del CNE fueron elegidos entre 104 candidatos, de los que salió el quinteto formado por los chavistas Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero, y los opositores Aime Nogal y Juan del Pino.
Varios opositores cuestionaron el jueves la elección del nuevo ente comicial, que estará encargado de organizar las elecciones previstas para los próximos siete años, entre ellas las presidenciales de 2024.
