Valencia, 3 de marzo de 2026-. ONG rechazan presuntos cobros por parte de tribunales para aplicar la ley de amnistía. El grupo civil afirmó que jueces y funcionarios estarían exigiendo pagos en efectivo, resmas de papel y material de oficina a familiares para entregar la copia certificada de los fallos y notificaciones judiciales.
ONG rechazan presuntos cobros por parte de tribunales para aplicar la ley de amnistía
Según el Comité, tribunales que manejan casos vinculados con delitos de terrorismo habrían pedido colaboraciones y aportes no previstos en la ley, como condición para completar notificaciones.
La organización explicó que estos trámites se han efectuado desde el 24 de febrero, cuando las familias empezaron a presentar sus solicitudes en distintos juzgados competentes.
“Cobros ilegales en aplicación de amnistía” significan un agravio adicional para las familias, que ya enfrentan altos costos por procesos judiciales y por los años de reclusión de sus parientes.
El Comité enfatizó que la entrega de la notificación judicial es un derecho constitucional, necesario para borrar antecedentes penales y registros vinculados a los hechos amnistiados.
Llamado a supervisión y cumplimiento
Debido a estas denuncias, la organización pidió a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz que supervisen los tribunales.
El objetivo es asegurar que la Ley de Amnistía se cumpla sin cobros indebidos y de manera transparente, sin que familias deban incurrir en gastos extras para acceder a sus derechos.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada recientemente para otorgar libertad plena a personas procesadas o condenadas por delitos políticos desde 2014 hasta 2026.
Organizaciones de derechos humanos han reconocido avances en la implementación de la norma, con miles de solicitudes recibidas y miles de libertades plenas otorgadas.
Según datos oficiales, la Justicia venezolana ha recibido más de 9.000 solicitudes de amnistía y beneficiado con libertad plena a más de 5.600 personas que estaban privadas de libertad o tenían medidas cautelares.
Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten obstáculos administrativos y, según las denuncias, prácticas irregulares en algunos tribunales que dificultan el acceso justo a los beneficios legales
