Versión Final – Caracas, 10 de abril de 2023. La Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) fue creada el 17 de noviembre de 2014 y, pese a tener casi una década en funcionamiento, no fue hasta marzo de este año que empezó a sonar con fuerza en el país.
¿Su misión? «Diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados con el fenómeno de la corrupción». Sin embargo, varias ONG alertan que podría usarse ahora para otros fines.
Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, alertó de un «alto riesgo» de que se ejecute una persecución política contra la disidencia, «líderes de la oposición o grupos de personas contrarios o incómodos para el grupo de poder».
Y que al final serán considerados no como presos políticos, sino como “delincuentes comunes que están vinculados a hechos de corrupción”.
Cree que la creación de una Policía Anticorrupción no es un hecho “transparente” pues, a su juicio, «se han cometido crímenes de lesa humanidad». Ni sus integrantes ni sus sedes son identificadas, lo cual se puede prestar para “graves violaciones de los derechos humanos”, reseñó el portal Crónica.Uno.
“No le basta al Gobierno ya tener al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», opinó.
«Brazo político»
Por su parte, Saúl Blanco, abogado y miembro de la ONG Espacio Público, puntualizó que este cuerpo policial al estar adscrito a la Presidencia, no es un medio autónomo.
Indicó que si se llegase a inventar un supuesto caso de corrupción, fácilmente el Ejecutivo manda a esta policía a tomar acciones y convertirse en su “brazo político”.
“Y al final, ¿cómo quedarían los actos de corrupción del Ejecutivo? ¿Esta Policía Anticorrupción va a investigarlo o no? ¿Existen riesgos de la vulnerabilidad de la independencia de la investigación de esta policía? Esas son preguntas que hay que hacerse”, dijo.
Además, Alvarado expuso que una de las particularidades de las detenciones efectuadas por la Policía Nacional Contra la Corrupción es que “se están vulnerando los derechos” de los detenidos al no cumplirse el debido proceso.
Aspectos como que algunos fueron aprehendidos sin una orden judicial, fueron presentados luego del lapso de las 48 horas y que no tuvieran acceso a una defensa privada, son una “práctica común” en detenciones por motivos políticos, según el defensor.
