ONG denuncia 60 muertes en cárceles cubanas. El informe del CDPC alerta sobre torturas, hacinamiento y falta de atención médica en el sistema penitenciario
La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró al menos 60 muertes en cárceles de Cuba entre marzo de 2024 y marzo de 2025, según su más reciente informe anual presentado este viernes.
La organización, con sede en México, precisó que 47 de los fallecimientos estuvieron vinculados con problemas de salud física o mental y con la falta de atención médica oportuna. Otros siete casos se relacionaron con violencia física directa. El informe señala que “no existe evidencia de investigaciones ni sanciones” y que algunas familias no pudieron acceder a los cuerpos o a los informes forenses, lo que considera una violación de protocolos internacionales.
ONG denuncia 60 muertes en cárceles cubanas
El CDPC documentó también 1.330 violaciones de derechos humanos en prisiones cubanas, incluyendo 1.045 casos de hostigamiento, 402 de negación de atención médica, 297 de condiciones inadecuadas de vida y 224 por deficiencias alimentarias.
La ONG denunció además el uso de aislamiento prolongado, traslados punitivos y trabajo forzoso sin pago. Entre los métodos de tortura mencionó “la cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras”, grilletes que inmovilizan completamente a los detenidos.
De las 545 personas identificadas como víctimas, 329 estaban encarceladas por motivos políticos. También se registraron 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 con enfermedades crónicas y 37 con problemas de salud mental.
La directora del CDPC, Camila Rodríguez, advirtió que las prisiones cubanas alcanzan niveles de “infrahumanidad”, con desnutrición, agua contaminada y hacinamiento extremo. “El sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política”, afirmó.
El organismo pidió a la comunidad internacional mantener una “vigilancia activa”, exigir la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y promover mecanismos independientes de supervisión sobre las cárceles en la isla.
