Nayib Bukele anuncia un plan de excarcelación condicional que beneficiará a la mitad de los reos de El Salvador por haber colaborado con las pandillas bajo coacción. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que su administración diseña un plan de liberación anticipada y condicional dirigido a los reclusos que colaboraron con las pandillas tras vivir sometidos al dominio criminal de estas estructuras.
Durante una conferencia de prensa en la sede de su Gobierno en San Salvador, el mandatario explicó que la medida contempla una salida controlada para quienes cometieron faltas empujados por el contexto de terror que imperaba en sus comunidades. Dicho planteamiento busca diferenciar entre los cabecillas que ejercían la violencia y los ciudadanos comunes que simplemente intentaban resguardar sus vidas en barrios controlados por las maras.
El plan de excarcelación para el 50 % de los reos
El jefe de Estado salvadoreño precisó los alcances numéricos y doctrinarios que fundamentan esta inédita iniciativa gubernamental:
- Bukele calcula que el beneficio abarcará aproximadamente a la mitad del universo de internos que purgan condenas por nexos secundarios con los grupos delictivos.
- El gobernante definió el criterio central de la medida: «Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente».
- El mandatario argumentó que las autoridades valorarán que «estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad».
- Bukele remarcó las duras condiciones históricas de la nación: «Venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas, que eran el verdadero gobierno de este país y la verdadera dictadura de este país, era el día a día».
En tal sentido, los equipos jurídicos del Ejecutivo revisan los expedientes individuales para clasificar el nivel de involucramiento de cada detenido.
A este respecto, diversos juristas internacionales destacan que reconocer la coacción ambiental representa un avance en el tratamiento penitenciario regional.
Aunado a esto, las familias de los internos que carecen de perfil criminal de alto rango reciben el anuncio con marcada expectativa.
Asimismo, los analistas políticos interpretan que la Casa Presidencial intenta aliviar el hacinamiento crítico que registran los complejos carcelarios del país.
Evaluación de expedientes y el criterio de excepción
Entre la culpabilidad formal y la supervivencia cotidiana
Por otra parte, el dignatario salvadoreño detalló los filtros técnicos que aplicarán los jueces para conceder el beneficio.
Bukele confirmó que las comisiones técnicas evalúan «los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos».
Dicha diferenciación jurídica pretende separar a los perpetradores de delitos de sangre de aquellos que pagaban extorsiones o cumplían órdenes menores bajo amenaza de muerte.
El Ejecutivo estructurará mecanismos de supervisión comunitaria para garantizar que los excarcelados cumplan las restricciones impuestas por los tribunales.
En consecuencia, el gabinete de seguridad establecerá parámetros estrictos de conducta para evitar reincidencias una vez que los reclusos abandonen los penales.
De igual manera, el Ministerio de Justicia definirá los programas de reinserción laboral que acompañarán el retorno de estos ciudadanos a sus hogares.
Balance del régimen de excepción desde marzo de 2022
Más de 93.000 detenciones bajo suspensión de garantías
Por añadidura, la propuesta presidencial contrasta con el marco operativo que rige en la nación centroamericana desde hace más de cuatro años.
El Salvador permanece bajo un régimen de excepción ininterrumpido desde marzo de 2022, herramienta legal que suspende garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa y los plazos de detención provisional.
Dicha política de mano dura deja hasta la fecha un saldo de al menos 93.162 personas arrestadas por las fuerzas policiales y militares.
Las autoridades señalan a la totalidad de estos reclusos de integrar formalmente las pandillas o de cooperar activamente con sus actividades ilícitas.
Por otro lado, los organismos de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre las detenciones masivas y demandan la revisión exhaustiva de casos con personas inocentes.
De modo que el plan de excarcelación condicional, el reconocimiento del dominio pandillero sobre la población civil y la cifra de 93.162 aprehendidos marcan un momento crucial en la administración de Bukele.
Con información de EFE
