La Fiscalía General de la República imputó de forma formal a cuatro funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los agentes de seguridad civil habían sido capturados en flagrancia el pasado treinta de junio en diferentes perímetros del estado La Guaira, luego de recibir denuncias comunitarias sobre graves faltas a la ética pública.
El panorama institucional en el litoral central se mantiene bajo estricta vigilancia judicial para evitar cualquier tipo de irregularidad civil en las zonas de desastre. Por lo tanto, el procesamiento penal de los uniformados busca dar un mensaje de transparencia ante la ciudadanía en medio de las complejas consecuencias del terremoto en Venezuela.
Identificación de los imputados y delitos presentados
Asimismo, el Ministerio Público identificó plenamente a los cuatro implicados en las actas del tribunal como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andréws Omaña y Jhonatan Josue Burgos Sánchez. De este modo, los fiscales adscritos a la causa presentaron los cargos correspondientes basándose en el Código Penal vigente y la Ley Contra la Corrupción.
Efectivamente, tras evaluarse los elementos de convicción recabados en la costa, a los detenidos se les imputan formalmente los siguientes cargos criminales:
Hurto calificado: Por la sustracción de bienes aprovechándose de una calamidad pública.
Acto arbitrario: Por el uso indebido de sus atribuciones y funciones policiales en el terreno.
Agavillamiento: Por la asociación delictiva de dos o más personas para cometer un hecho punible.
Evidencia audiovisual y apropiación de divisas
Por otra parte, las actas fiscales determinaron que los hoy imputados fueron señalados de «apropiarse de valores económicos» (específicamente dólares en efectivo) que se encontraban resguardados entre los escombros de los inmuebles desplomados a causa de los sismos del pasado veinticuatro de junio. Igualmente, el caso cobró inmediata notoriedad pública en el país tras la difusión de un video en las redes sociales.
Por eso, el registro audiovisual evidenció de forma nítida la irregularidad cometida por los funcionarios en el sitio de los acontecimientos, lo que obligó a la pronta y contundente actuación de las autoridades de la directiva policial. Sin embargo, los cuatro exagentes civiles permanecen bajo estricta custodia judicial en un centro de reclusión temporal mientras avanza el proceso penal en su contra.
Supervisión de las ruinas en el litoral central
Por añadidura, el Estado venezolano ordenó un despliegue de inspectores internos para monitorear los perímetros habitacionales afectados y resguardar los bienes materiales de las familias damnificadas. Finalmente, los tribunales competentes fijaron los lapsos legales para la realización de las audiencias preliminares correspondientes.
La captura de los funcionarios se ejecutó gracias al sistema de contraloría social ejercido por los propios vecinos de Caraballeda y las zonas contiguas del litoral. En conclusión, el sistema de justicia sancionará de manera severa los desvíos conductuales que atenten contra la seguridad patrimonial de las víctimas afectadas por las lamentables consecuencias del terremoto en Venezuela.
Con información de El Regional del Zulia
