Alberto News – Caracas, 23 de octubre de 2024-. Un día duró la huelga de hambre que realizaron 27 militares recluidos en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, quienes terminaron con la medida de protesta una vez que fueron escuchados por el General de División de la FANB, Luis Ojeda, director del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La huelga de hambre comenzó el lunes 21 de septiembre y concluyó la tarde del 22 de septiembre. Tras una visita del General a los detenidos, les pidió que retomaran la alimentación y conversó con ellos, comprometiéndose a mejorar la calidad de los alimentos que reciben. Durante su visita, pudo comprobar personalmente el menú que les servían, constatando que no contiene las calorías básicas adecuadas.
Los detenidos le explicaron que comen solo para no morir de hambre y su dieta carece por completo de proteínas, grasas, lípidos y frutas. En ese sentido, el General además se comprometió a realizar la reparación de las instalaciones eléctricas, pues ese recinto se encuentra en obra gris y no cuentan con el fluido eléctrico en todas las instalaciones.
Además, se comprometió a garantizar el suministro continuo de agua potable las 24 horas del día, utilizando un tanque disponible en el fuerte Guaicaipuro. De esta manera, se evitará el consumo del agua turbia que llega a través de las tuberías, la cual ha causado enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas entre los presos.
Los familiares relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los reclusos solicitaron permiso para que se les permita ingresar una cocina, de modo que sus familias puedan proveerles algunos alimentos. Además, pidieron la instalación de ventiladores, ya que las celdas están ubicadas en un galpón con techo de zinc, lo que provoca un aumento extremo de la temperatura. Esto hace que la comida que llevan durante las visitas se dañe o incluso fermente en poco tiempo.
La petición más urgente fue la reubicación de 72 presos civiles por delitos comunes. Los familiares confirmaron que entre ellos se encuentran 52 reclusos provenientes de las cárceles de Tocuyito y Tocorón, además de 20 que fueron trasladados desde el Internado Judicial de Barinas en septiembre. El General Ojeda se comprometió a gestionar la reubicación de estos internos en otras cárceles, explicando que, aunque se encuentran en un recinto militar, las decisiones sobre su reclusión dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario, es decir que no dependen de él, a pesar de que están en un recinto militar, cuyo director sí está bajo su mando.
“Estos detenidos civiles están abandonados a su suerte. Son los que llevan más tiempo en el lugar, no reciben visitas y solo se les permite una llamada mensual de un minuto, y eso cuando asiste el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario”, contaron los familiares al OVP.
Además, señalaron que el Ministerio no les provee alimentación diaria, lo que recae por completo en el recinto militar. “La forma en que les entregan la comida es como a animales, a través del techo de sus celdas, que está formado solo por barrotes”, narraron al OVP.
Los presos sociales están divididos en dos módulos, separados por una doble pared que también funciona como pasillo, mientras que los militares y funcionarios policiales se encuentran en otro sector.
Torturas al dormir
Aunque no son golpeados ni aislados, los detenidos sufren tortura psicológica al no poder dormir con tranquilidad. La custodia, a cargo de la Guardia Nacional, permanece las 24 horas encima de las rejas que hacen de techo, y los guardias cubren sus rostros para evitar ser identificados.
Durante la noche, ponen música a un volumen ensordecedor, y aunque no hay electricidad en el galpón, han instalado unos faros que al encenderse deslumbran a los internos y generan aún más calor. Estos faros permanecen encendidos toda la madrugada, impidiendo que los presos puedan dormir o descansar.
Según los familiares, este tipo de tortura nocturna es ordenada por el mayor de la GNB, Abad Zambrano, jefe de Régimen de Cenapromil-Charallave. Es él quien mantiene contacto directo con los detenidos, se encarga de la distribución de alimentos, agua y de la custodia general del recinto.
Aunque esta denuncia no formaba parte de las peticiones iniciales al General Ojeda, los familiares hacen un llamado urgente para que cesen estas torturas nocturnas, calificándolas de inhumanas, innecesarias y una flagrante violación a los derechos humanos de los privados de libertad.
Para concluir, desde el OVP queremos hacer énfasis en que este centro de reclusión no reúne los requisitos de los estándares internacionales para albergar reclusos, a la vista de todos los organismos del Estado que deben garantizar los derechos humanos de cualquier privado de libertad, llámese Defensoría del Pueblo, Ministerio Público o Poder Judicial (jueces de ejecución), convirtiéndose en cómplices de crímenes de lesa humanidad, además de violar el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y al contacto con el mundo exterior.
Si la Constitución de nuestro país garantiza, en el artículo 272, un sistema penitenciario que asegure el respeto de los derechos humanos, en este caso se viola continua y sostenidamente. En este sentido, estamos informando al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos sobre estos hechos.
Con información de OVP
