Mesa de diálogo reinicia desde cero la elección de los 32 magistrados del TSJ y crea un filtro especial de juristas con mayoría de la sociedad civil. La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo confirmó este martes 18 de agosto que el proceso para designar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue anulado y comenzará desde cero bajo un esquema de evaluación técnica de alta exigencia, según informó el diputado Ramón López. El acuerdo político deja sin efecto las convocatorias previas adelantadas por la AN de 2025 para dar paso a una estructura plural y equilibrada. Por lo tanto, los sectores negociadores buscan restablecer la confianza institucional en la designación del poder judicial.
Ampliación a 23 integrantes, mayoría ciudadana y revisión del baremo
Sobre la conformación de la nueva instancia evaluadora, el parlamentario precisó en entrevista exclusiva concedida al portal Caraota Digital que el Comité de Postulaciones Judiciales se amplió formalmente a 23 miembros para incorporar un peso determinante de organizaciones no gubernamentales y gremios profesionales. En este sentido, López explicó que, a diferencia del esquema anterior donde predominaban los parlamentarios de la AN 2025, el nuevo cuerpo contará con una mayoría representativa de la sociedad civil encargada de auditar cada expediente académico y laboral.
«Se declaró en cero el proceso que había iniciado la AN 2025; se va a generar un nuevo comité de postulaciones ampliado a 23 miembros con mayoría de la sociedad civil para revisar las credenciales de todos los postulados y aplicar un baremo riguroso», puntualizó Ramón López.
Por consiguiente, las comisiones técnicas reestructuran los criterios de puntuación para asegurar la preselección de juristas de comprobada trayectoria en las distintas salas del máximo tribunal.
Comisión especial de juristas y garantías de transparencia
Filtro de seguridad con siete profesionales del derecho
Por su parte, el legislador anunció la conformación de una comisión de altísimo nivel integrada por siete destacados profesionales del derecho, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos y méritos exigidos para ser magistrado de la República. En este contexto, este cuerpo actuará como una válvula de seguridad institucional dedicada a verificar de manera independiente las listas y credenciales que emanen del comité de postulaciones principal.
Búsqueda de confianza y credibilidad pública
Por otro lado, los voceros de la delegación opositora enfatizaron que la reestructuración del proceso busca motivar la participación de los colegios de abogados y de las facultades de derecho de las universidades nacionales para que postulen a sus mejores cuadros jurídicos. Ciertamente, la fiscalización cruzada de los aspirantes pretende garantizar fallos transparentes y sentar las bases de una reinstitucionalización del sistema judicial venezolano.
Con información de Caraota Digital
